Matías Fuentes cayó preso antes de nacer. Y, créase posible o no, todo lo que siguió fue aún peor.

Fue un bebé preso. Fue un adolescente preso. Y ahora es él, este gran fracaso del sistema criminal argentino, quien está dispuesto a todo con tal de que lo dejen seguir ejerciendo el único rol para el cual lo prepararon en la vida: el de ser un adulto preso.

Porque no sabe cómo vivir en libertad.

La última vez, Matías Fuentes hizo lo que ningún ladrón haría jamás: esperó a que llegara la Policía para recién después robar. Porque lo único que quería era estar preso.

La mamá de Matías, Gladys Margarita Cao, fue detenida por robo cuando aún lo llevaba en la panza, a principios de los 80. La enviaron al penal de Ezeiza donde, el 4 de mayo de 1981, lo parió a él. Todavía inocente, Matías estuvo preso junto a ella hasta poco antes de cumplir cuatro años, el límite máximo fijado por la ley para que una detenida esté alojada en la cárcel junto a su hijo. Las autoridades salieron a buscarle un hogar más ordinario y terminaron encontrando una ayuda divina: lo enviaron a un colegio de monjas de Adrogué, a ver si lo salvaban.

Allí estuvo Matías largos meses, hasta que su mamá salió de prisión y fue a buscarlo. Pero, más que una familia, la mujer quería armar una banda. No le dio pescado, sino que le enseñó a robarlo. Los registros penales, esos que deben destruirse cuando un menor alcanza la mayoría de edad, sobrevivieron para decir que Matías ya robaba desde los 8 años. Se habla de golosinas. Luego, de juguetes. Y de bicicletas.

Después, aunque no mucho, llegó la droga.

A los 12, Matías ya era adicto. Entraba y salía de los institutos de menores de la Provincia como si no tuvieran puerta. O como quien recorre iglesias: los conoció a todos. Ninguno le cambió un destino que lo tendría más días de su vida encerrado que libre.

Poco varió cuando cumplió 18 años. Sólo la gravedad de los delitos. El 12 de enero de 2000 lo arrestaron en Mar del Plata, ya como adulto, por un robo a mano armada. Dijo que era pintor, pero mucho no le creyeron. Lo procesaron y lo enviaron a la Unidad 15 de Batán, donde estuvo encerrado hasta abril de aquel año.

La libertad le duró poco. Se mudó a Villa Gesell y allí, el 29 de diciembre de 2000, lo sorprendieron adentro de una casa ajena. Lo arrestaron pero salió enseguida. El 16 de julio de 2001 lo metieron preso otra vez, ahora en el penal de Dolores, donde estuvo detenido por un asalto -y un intento de robo- hasta febrero de 2002. Lo soltaron y duró sólo 13 días en la calle: el 10 de marzo volvió a caer, por un robo calificado. Para entonces ya sumaba casi tantos apodos como entradas: “Cheto”, “Tiqui”, “Paisano Pepe” y “Loquito Mati”.

En 2004 lo condenaron por algunos de sus robos pasados y, en el mismo acto, le dieron por cumplida la sentencia con el tiempo pasado a la sombra. Salió y fue como si nunca se hubiera ido. Dos días después de ser liberado, el 31 de octubre, lo sorprendieron cuando intentaba asaltar y violar a una adolescente de 17 años en Villa Gesell.

Matías siempre estaba volviendo.

Estuvo preso en Magdalena hasta el 27 de junio de 2012, cuando el Tribunal Oral N° 2 de Dolores le dio la libertad bajo palabra. Dos años antes, en marzo de 2010, había pedido permiso para salir por un día para ir a Gesell a visitar a su principal referencia en la vida: su mamá. Se lo concedieron.

Otra vez estuvo poco tiempo en la calle. El 3 de octubre de 2012 cayó por un nuevo intento de robo y lo metieron en la Unidad 6, de Dolores, aunque para el momento de su salida, en abril de 2013, ya estaba en Florencio Varela.

Para entonces, Matías estaba en pareja y tenía una hija. Se fue a vivir a La Plata y, pasados tres meses, decidió que no tenía sentido seguir insistiendo con eso de estar libre.

Era el mediodía del 28 de junio de 2013 cuando Matías se paró en la puerta de una casa de venta de alarmas ubicada en calle 11 entre 47 y 48, en pleno centro de La Plata. Esperó a que se acercara una pareja de policías y entonces entró al local, simuló tener un arma debajo del buzo y exigió dinero. Lo detuvieron de inmediato.

Era lo que quería, según confesaría.

Matías Fuentes acaba de cumplir 36 años. Su hija, siete. Su condena más reciente, cinco y dos meses. Es la séptima que recibe en su vida, todo un récord. El 27 de agosto de 2018 debería recuperar la libertad.

Pero no quiere.

“Yo saldría, pero no tengo cómo mantener a mi hija”, le dijo la semana pasada al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien estaba haciendo una visita sorpresiva a la Unidad 36 de Magdalena. “Acá por lo menos puedo comer”, agregó.

Es difícil, sino imposible, creer que algo logrará preparar a Matías para vivir en libertad. Menos aún que alguien, entre los guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense, pueda darle las herramientas para hacerlo.

El Servicio tiene un interventor civil, Fernando Rozas, desde hace algo más de 6 meses. En ese período echaron a 1.000 guardias por diferentes faltas. Algunos, directamente, no iban a trabajar. La mayoría de los que siguen, insólitamente, evita estar con los presos: de los 23.000 agentes que hay, sólo 8.000 tienen contacto con los internos. Un 30% del total son mujeres, cuando en la población carcelaria -34.000 internos- sólo hay un 3% femenino; en números, 7.000 guardias para 1.280 presas. Cuando se revisa la proporción entre oficiales jefes y agentes la incoherencia se repite, impulsada por décadas de ingreso al Servicio de gente recomendada por intendentes y sin capacitación alguna.

Hay situaciones absurdas, como la ocurrida esta semana en un penal provincial: en una inspección se descubrió que a los 860 presos que había sólo los custodiaban siete guardias desde el perímetro exterior y 16 desde adentro. “No se escapan porque no quieren”, comentan fuentes penitenciarias.

Para tratar de revertir esta ecuación, Ferrari les aumentó las horas de trabajo -de 6 a 8- a quienes optan por el trabajo administrativo. A los que sí trabajan en los penales les paga 60 horas extra por semana, a los que trabajan en los grupos de intervención de emergencia les otorga 90 y a los del comando -los que recuperan una cárcel ante un motín, por ejemplo- les da 150. Busca, además, un cambio cultural: que los penitenciarios, además de cuidar que no se escapen los presos, empiecen a trabajar para recuperar a alguno.

El presupuesto no acompaña. De los 13.500 millones de pesos que tiene aprobados el Servicio, 11.000 millones se van en sueldos. Queda poco para talleres y mejoras edilicias, una verdadera calamidad para un sistema que cuenta con 3 cárceles del siglo 19 y que somete a algunos de sus guardias a hacer sus necesidades en baldes cuando les toca vigilar desde lo alto del muro. El Ministerio trata de ahorrar al menos en lo que se va por corrupción: bajó la partida de combustible para traslados de 1.500.000 pesos a 1.000.000 por quincena y nadie se quejó; anunció que empezaría a cotejar los gastos con los recorridos de cada vehículo y, por primera vez, el Servicio devolvió 180.000 pesos de nafta que habían sobrado.

Pero falta muchísimo más.

Matías Fuentes, el ladrón que cayó preso antes de nacer, podría dar cátedra sobre el tema. Conoce 19 cárceles bonaerenses -Olmos, Sierra Chica, Dolores, Azul, Gorina, una de La Plata, dos de Batán, tres de Florencio Varela, dos de Magdalena, Alvear, Barker, Ituzaingó, Campana, Melchor Romero y San Martín-, sobre un total de 55. En ninguna lo ayudaron a no volver.



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