Por primera vez desde el 2003, la Justicia investiga a financistas acusados de haber ayudado a mover plata negra de la corrupción en la época K. La decisión del juez Ariel Lijo, junto a la de otros magistrados, es un hito que apunta por primera vez a la estructura financiera paralela que permitió movilizar millones de dólares dentro y fuera del país.

Tanto Jorge Brito -quien pidió licencia como presidente del Banco Macro- como Moneta y otros poderosos financistas hasta ahora estaban afuera de las investigaciones judiciales. El presidente Mauricio Macri cuando habló de atacar las mafias que medran con el Estado habló de “políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas”, entre otros. Pero las causas judiciales, hasta ahora, carecían de esa “pata” financiera que puede servir para reconstruir la ruta del dinero que usó Boudou en la maniobra.

Y el llamado a indagatoria al gobernador Insfrán abre una caja de Pandora sobre el fondo provincial del algodón llamado Fonfipro, que funcionó, en realidad, como una cueva financiera.

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En sintonía con ese discurso de Macri, los últimos meses, fueron procesados o detenidos el “Pata” Medina, Julio De Vido o Boudou pero no citaban a ningún financista o empresario.

Los presidentes de la ong Transparencia Interancional siempre repiten la frase “la corrupción es como el tango se baila de a dos y muy juntitos”, es decir el empresario que paga el soborno y el funcionario que recibe.

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En realidad, antes que Lijo el juez federal Sebastián Casanello había llamado a indagatoria a gerentes de la financiera Provalor Sociedad de Bolsa SA, entre ellos los ejecutivos Jorge Horacio Ruiz, Mariano Andrés Rubinowicz, José Alex Ariel Fallas y José Sebastián Jabbaz para los primeros días de diciembre. Según el magistrado estos financistas habrían facilitado, “en su rol de operadores financieros, parte de la estructura financiera y societaria montada y controlada por el entorno de Lázaro Báez a fines de ocultar en el extranjero fondos provenientes de fuentes corruptas”, es decir 60 millones de dólares que el empresario K repatrió desde Suiza. Báez no fue un empresario sino un ex empleado bancario usado como testaferro por los Kirchner para canalizar 3 mil millones de dólares de contrato de obra pública. En la causa de la ruta del dinero K hay otros empresarios y financistas hay otros nombrados, como Carlos Wagner (ex presidente de la cámara de la Construcción) o Ernesto Clarens, pero hasta ahora no se avanzó sobre ellos.

En los noventa, la diputada Elisa Carrió había denunciado al banco general de Negocios de los hermanos Rhom ante la Justicia en lo que se constituyó uno de los pocos casos judiciables. Y nunca se avanzó sobre esa cara de la corrupción política.

Ahora sí, con esta convocatoria y otros que vendrán, la lucha contra la corrupción que empuja el Gobierno, quiere la sociedad y ejecuta la Justicia parecería bien encaminada.



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