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Los empleados del Senado que vuelvan en febrero de sus vacaciones se encontrarán con una novedad: desde el primer día del mes, para el ingreso deberán colocar su dedo en los lectores biométricos instalados en los accesos a sus lugares de trabajo. Tampoco será sorpresivo porque fueron notificados en diciembre por comunicación interna y además el 90 por ciento ya registró su huella digital para el nuevo sistema. Pero el asunto tendrá impacto desde el 1° de abril, cuando el presentismo y las ausencias empezarán a quedar asentadas a través del nuevo sistema, ya no en forma manual por los jefes de oficina y despacho.

El Senado seguirá así los pasos que ya inició Diputados, donde el control de acceso con identificación de la huella dactilar empezó a aplicarse en noviembre y permitió detectar casi 200 personas que cobraban sin presentarse a trabajar (“ñoquis”), algunos de los cuales ya renunciaron y al resto se les inició el proceso de cesantía.

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Cerca de la vicepresidenta Gabriela Michetti, titular de la Cámara Alta, creen que el sistema servirá para controlar si hay personas que no trabajan, aunque ya al principio de su gestión hubo una importante cantidad de despidos.

En el Senado hay 3.007 agentes de planta permanente, 1.676 de planta transitoria y 227 contratos de locación, según informa la página web oficial.

El control de acceso será para todos “con la excepción del personal transitorio autorizado, que puede estar en el despacho del senador o en otra oficina” que el legislador disponga, indicaron voceros del Senado.

Los nuevos controles buscan contribuir al “ahorro” que pregona el Gobierno nacional. En este sentido en Diputados hay un objetivo más explicitado de reducir la plantilla de personal, y después de la “primera depuración” con la identificación de los “ñoquis”, abrirán entre marzo y mayo un plan de retiros voluntarios al que podrán acogerse unos 900 empleados permanentes dentro de una planta de casi 5.600 agentes.

En el Senado implementaron otras medidas de “austeridad” y el viernes se informó que el programa “YPF En Ruta” para el abastecimiento de la flota oficial de autos de la Cámara Alta logró una reducción de más del 28% a precios constantes en su primer mes de vigencia, noviembre de 2017, en comparación con el año anterior.

La gestión de Michetti a inicios de 2016 había arrancado con una fuerte controversia por los supuestos “ñoquis” dejados por su antecesor, Amado Boudou, según la denuncia de la propia vice. Tras anunciar el despido de más de 2 mil personas, y con los gremios en pie de guerra, hubo revisión de los casos. Se reincorporaron medio centenar de discapacitados, y otro tanto de mujeres embarazadas. Y la plantilla se redujo con la jubilación de unos 300 agentes que estaban en condiciones de hacerlo.

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