Con una condena a 21 años de cárcel por “narco” dictada en Chaco, otra a dos años y medio impuesta en Capital por haber engañado a un juez federal y cuatro procesos penales más que lo involucran el tráfico de casi tres toneladas de cocaína a Europa, al abogado Carlos Salvatore (60) sólo le preocupa una cosa: hacer valer su condición de enfermo cardíaco para lograr que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria y volver a su lujoso chalet de Belgrano R.

Desde denuncias contra funcionarios judiciales que se oponen a que deje la cárcel, hasta automedicarse para agravar su condición médica, Salvatore tiró munición de todo tipo en los últimos meses.

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Este martes, el abogado recibió dos malas noticias.

Por un lado, los médicos que lo atendía en el Hospital Argerich desde finales del año pasado por una cuadro de hepatitis medicamentosa decidieron darle el alta. La buena noticia sobre su salud derivó en otro revés para sus intenciones de mantenerse lejos de la cárcel. Por la tarde, volvió a ser trasladado al penal de Ezeiza, en medio de un importante operativo de seguridad.

La casa en la que Salvatore busca cumplir su pena. JORGE SANCHEZ

Además, recibió una dura respuesta a sus planteos judiciales: tres fiscales se unieron en un mismo recurso para pedirle a la Cámara de Casación Penal que evite cualquier morigeración en la pena del narcoabogado.

El modo: solicitan que el expediente donde se debate su “domiciliaria” se envíe desde Comodoro Py (donde tramita ahora) a la Justicia federal de Chaco. Allí Salvatore tiene las causas más pesadas, donde lo conocen a fondo y, sobre todo, donde sus intentos de volver a su hogar en Belgrano ya se encontraron con sucesivos “no”, incluso confirmados por Cámara.

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“El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, se encuentra en mejores condiciones de supervisar la ejecución de la pena impuesta a Salvatore”, dice el escrito firmado por la fiscal federal de Capital, Gabriela Baigún; el fiscal general de Chaco, Federico Carniel; y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, (PROCUNAR).

Con este dictamen, al que tuvo acceso Clarín, los tres fiscales buscan revertir los argumentos según los cuales el trámite del expediente de prisión domiciliaria de Salvatore debe ser resuelto por el tribunal que lo condenó en Capital a dos años y medio porque esa pena quedó firme y la de 21 años dictada en Chaco todavía está en la etapa de apelación.

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Según el planteo de Baigún, Carniel e Iglesias, ese argumento es menor comparado con otros que se le oponen, como por ejemplo el riesgo de que se dicten fallos contradictorios sobre un mismo tema o que la libertad de movimientos del abogado quede en manos de un tribunal (el TOF 6 de Capital) que sólo firmó un juicio abreviado con él y lo vio una sola vez.

Salvatore es un experto en lograr este tipo de beneficios. Pese a la gravedad de las acusaciones contra él siempre logró esquivar la cárcel y vivir cómodamente en su chalet de Belgrano. Lo consiguió valiéndose de una condición cierta, sus problemas de corazón, pero con el planteo discutible de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no estaba en condiciones de atenderlo.

Así logró pasar meses en su casa durante el trámite de la causa “Carbón Blanco”. Sólo perdió este estatus cuando, en una conversación con su esposa a través de un teléfono intervenido, sostuvo que quería mandar matar a la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger.

Esta amenaza, por la que está procesado, lo regresó al Complejo Penitenciario I de Ezeiza en 2015, pero aún así logró pasar un buen tiempo en una suite del Sanatorio Los Arcos, de Palermo. Esto también se le acabó y volvió a la cárcel en octubre de 2016. Desde entonces, a través de su abogado, Luis Sasso, Salvatore lleva adelante una guerra judicial para volver a obtener la domiciliaria.

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En ese contexto, a finales del año pasado quedó internado en Argerich de la Boca, reponiéndose de una hepatitis medicamentosa. Desde la fiscalía se sostiene que es el propio condenado el que toma medicamentos contraindicados por su cuenta para agravar su situación de salud.

“Parece ser, en definitiva, que al TOF 6 no le interesa desentrañar las causas por las que el Servicio Penitenciario no efectúa requisas de rutina sobre Salvatore, lo que se ha visto reflejado en el repetido rechazo de las medidas propuestas por la fiscalía para prevenir los cuadros de hepatitis medicamentosa inducidos por el propio interno que le determinaron numerosas salidas del Hospital Penitenciario Central (HPC) y su internación en hospitales públicos”, dice el dictamen presentado por Baigún, Carniel e Iglesias, en el cual adelantan que están dispuestos a llevar la cuestión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



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