Tenía sólo 15 años Enzo Abel Gallo aquella tarde del 23 de septiembre de 2010, cuando se despertó con un dolor perturbador en la panza que al rato lo hizo devolver todo lo que había comido y un poco más tarde impulsó a su papá, Alejandro Gallo, a subirlo a un coche para llevarlo de urgencia al mejor lugar que se le ocurrió, una clínica privada en la capital de La Rioja.

Allí, según recordaría tiempo después Alejandro Gallo, los médicos revisaron a Enzo y le plantearon tres diagnósticos: infección urinaria, infección de los ganglios o gastroenteritis. Pero el adolescente no mejoraba y su padre se preocupaba con ese temor tan único y esencial de quien tiene a un hijo en riesgo.

Su inquietud lo empujó a llevar a Enzo a un lugar que le parecía aún más sólido, el Hospital Enrique Vera Barros, un centro de salud público. Lo que pasó a partir de entonces se convertiría en el centro de un expediente judicial que aún está abierto.

Y que es inédito en la Argentina.

Cuando repasa el día en el que la vida se le oscureció para siempre, Alejandro Gallo sostiene que, mientras esperaban a que un residente revisara a su hijo, se les apareció otro médico, un cirujano de cierto prestigio local, y le hizo una puesta en escena conmocionante. Recuerda que le habló, por primera vez en aquella jornada de incertidumbre, de una apendicitis que requería una intervención urgente para no llegar a una peritonitis que se avecinaba imparable como una ola.

Alejandro asegura, y parte de los hechos lo respaldan, que el cirujano le indicó que no había forma de que pudieran realizar los estudios necesarios y la intervención allí, en el hospital público. Que tenían que trasladarlo de inmediato a una clínica privada para atenderlo como correspondía, para hacerle la cirugía que le salvaría la vida.

Eso, claro, tenía un costo.

El papá de Enzo jura que el cirujano le exigió 3.000 pesos mientras lo apuraba para que sacara al adolescente del Hospital Vera Barros y lo llevara, varios llamados telefónicos y gestiones burocráticas mediante, al Sanatorio Rioja. Alejandro obedeció y un rato más tarde su hijo estaba en una sala de operaciones de la clínica privada que le habían indicado.

Sería el final.

Enzo Abel Gallo tenía 15 años aquella noche, cuando murió en el quirófano. La autopsia hablaría de una hipoxia, una baja letal de la cantidad de oxígeno en el cuerpo, provocada por un “barotrauma”, una diferencia de presión insalvable entre el interior y el exterior del organismo. La causa de todo esto habría sido, de acuerdo con el primer razonamiento que llevaría adelante la Justicia, un “incorrecto entubamiento” del adolescente agravado por el aparente abandono del quirófano que habría hecho el anestesista una vez empezada la operación. Además, no le habrían hecho ni un estudio prequirúrgico.

El escándalo que haría único a este caso empezaría casi un año más tarde.

Los episodios fatales de mala praxis se encuadran, siempre, como homicidios culposos. Es decir, cometidos sin intención, como cuando alguien mata en un accidente de autos. La figura prevé una pena de 1 a 5 años de prisión para quien “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”. La gran mayoría de los casos son acompañados de demandas civiles en las que rara vez se llega a una condena, ya que se realizan acuerdos económicos privados en mediaciones. Por eso, hay pocas estadísticas sobre el tema. Un estudio del Ministerio de Salud bonaerense revelado en 2015 indicaba, por ejemplo, que sólo el 6% de las demandas de mala praxis terminaban en condena. Y que los reclamos habían aumentado un 22% el año anterior, con exigencias promedio de 550.000 pesos a médicos e instituciones públicas y privadas. Uno de cada 5 profesionales de la Provincia, señalaba el informe, tenían por entonces reclamos judiciales, con traumatólogos, obstetras y cirujanos entre los más afectados.

Lo que rara vez ocurre es lo que pasó el 3 de octubre de 2011, casi un año después de la muerte de Enzo Abel Gallo.

Ese día, el juez de instrucción riojano Mario Martínez ordenó la detención del cirujano que había operado -o intentado operar- al adolescente. A los dos días, luego de rastrearlo sin éxito durante las horas previas, también arrestaron al anestesista, quien ocupaba el cargo de jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Vera Barros. La calificación que les impuso nunca antes había sido usada para un caso: homicidio simple por dolo eventual.

En otras palabras, el juez Martínez consideró que los dos profesionales habían asesinado a Enzo Gallo no con intención directa de hacerlo sino actuando de una manera tan riesgosa que debieron haberse representado que el resultado final iba a ser la muerte. Como quien sale a la calle con un auto sin frenos y mata. La pena: 8 a 25 años de prisión. Los equiparó, de alguna manera, con asesinos.

El caso conmocionó a la provincia y a gran parte del país. Pero, sobre todo, a la comunidad médica provincial, que decidió salir a respaldar a los dos detenidos.

Mientras el médico y el anestesista eran trasladados a un penal común del Servicio Penitenciario provincial, la Asociación de Profesionales de la Salud y el Colegio Médico anunciaban un paro por tiempo indeterminado en solidaridad con quienes estaban detenidos. La medida afectó a todos los hospitales públicos y a buena parte de las clínicas privadas de La Rioja. La acompañaron asambleas, movilizaciones y todo tipo de actos en los que se denunciaban irregularidades en la causa.

El titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, Rolando Agüero, afirmó: “La indignación por la carátula de homicidio simple con dolo eventual nos moviliza (…) Los jefes de servicio, el director y el vicedirector presentaron sus renuncias, por lo que el hospital público está acéfalo”. Desde su entorno agregaron que muchos médicos se estaban “negando a operar por temor a ir presos”.

El escándalo creció. El entonces gobernador Luis Beder Herrera criticó a los médicos por hacer paro y habló de “abandono de personas”: “Imagínese si vamos a hacer una huelga por cada decisión judicial”. Al mismo tiempo, Alejandro Gallo denunciaba que “nueve médicos” se habían confabulado para mentirle a la Justicia y falsificar la historia clínica de su hijo. Una profesional pronto sería procesada por “falso testimonio”, al tiempo que el padre de Enzo presentaba la palabra de un residente del Hospital Vera Barros que aseguraba que era sabido que a los médicos les pagaban 1.200 pesos por cada paciente que derivaban a una clínica privada. Eso motivó una segunda denuncia, por asociación ilícita.

El 12 de octubre, a 9 días de la primera detención del caso, la defensa pidió la excarcelación de los acusados pero los fiscales Emilio Canavesio y Cecilia Moreno se opusieron. A pesar de esto, sorpresivamente el juez Mario Martínez resolvió “suspender la ejecución de la prisión preventiva, por aplicación del pacto de San José de Costa Rica y para que los imputados gocen de la libertad hasta que se resuelva el caso en juicio oral y público”.

El paro de médicos se levantó de inmediato.

El entonces coordinador del Programa de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, Leandro Jarsun, voló a La Rioja para denunciar que se habían producido “presiones externas” para que el juez Martínez se expidiera por la libertad, en una “contradicción grave” con lo decidido poco más de una semana antes.

De nada importó. El cirujano y el anestesista se reintegraron a sus puestos y días después estaban operando otra vez, aún procesados por el homicidio de Enzo. El padre del adolescente, en tanto, denunciaba que un estudio complementario encargado al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sido adulterado. Pero la causa ya no avanzaría. El hombre creó la “Fundación Enzo Abel Gallo”, intentó candidatearse a gobernador en 2015 y ahora lucha porque se consagre el día de la muerte de su hijo como “Día de la Injusticia y la Impunidad Corporativa” en La Rioja.

Nadie le lleva el apunte.



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