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Por Andrea L. Falcone

Desde hace varias semanas la ANSeS apela masivamente a la Corte Suprema los juicios de los jubilados. El organismo previsional tiene firmado desde 2009 un acuerdo ante la Corte Interamericana a fin de no apelar reclamos que versen sobre asuntos ya resueltos por la Corte Suprema. Por otra parte, el presidente Mauricio Macri firmó en 2016 un decreto en el cual ratificaba el compromiso de no seguir dilatando innecesariamente los juicios de reajustes de haberes. Todo cayó en letra muerta cuando ANSeS, ante el rechazo de los recursos a la Corte por parte de la Cámara de Apelaciones, presenta desde hace varias semanas más de 6000 recursos de queja mensuales.

La brutal cantidad de recursos de queja implica que recurre a la Corte prácticamente todas las sentencias recaídas en Cámara. ¿Cuál es la consecuencia de esta decisión para los jubilados? Que para el organismo previsional estas sentencias técnicamente no se encuentran firmes, por existir un recurso pendiente de resolución por el Máximo Tribunal y, por ende, no las pagarán voluntariamente.

Si consideramos que anualmente quedan firmes unas 50 mil sentencias y la ANSeS paga aproximadamente unas 30.000, podemos concluir que con los pagos de 2018 y parte de 2019 se quedarán sin stock. Todo el resto de los expedientes pasarán a un "limbo" judicial, donde esperarán pacientemente que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo.

¿De qué se trata esta cuestión de fondo? Lo que subyace es el deseo de ANSeS de que el Tribunal Supremo obligue a todos los jubilados a aceptar el ajuste de la reparación histórica. Si los sueldos históricos tomados en cuenta para el cómputo de la jubilación se actualizan con el RIPTE como desea el Gobierno, en lugar del ISBIC con el cual se actualizan hoy, la ANSeS pagará al jubilado $25 por cada $100 que le debía. Se estima que la mitad de los juicios no arrojarán diferencia alguna al final de 7 años o más de espera.

Cientos de miles de juicios esperan una decisión, que no puede demorarse más. Los jubilados, que viven con magras jubilaciones y han recurrido a la Justicia para tener la mejora que les corresponde, esperan que los Ministros de la Corte no les den la espalda. No es razonable por parte del Gobierno pretender que en unos pocos años cambie drásticamente la jurisprudencia del Máximo Tribunal. Pero mucho menos razonable sería que los jueces atiendan este pedido, porque entonces la jurisprudencia se basará en las circunstancias económicas y políticas del país, sin fundarse en cuestiones de equidad y justicia, como debería ser.

Socia de Arce Falcone Abogados (Jubilarnos.com)

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