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El proyecto que redactaron los senadores por Córdoba apoya en general el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero introduce las siguientes modificaciones:

– Despenalización. El texto elimina el artículo segundo de la media sanción de Diputados, que reprime con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a las autoridades de establecimientos de salud o profesionales que “dilaten innecesariamente, obstaculicen o se negaren a practicar un aborto legalmente autorizado”. Para los cordobeses, la imputación penal es una “persecución innecesaria a los profesionales de la salud”.

– Límite. Modifica el artículo 7, de modo que la IVE se garantiza como “derecho” pero hasta la semana 12 de gestación inclusive. En la media sanción es hasta la semana 14. Pese a acortar el plazo hasta la semana 12, el cambio no es de fondo en el aspecto clave de la media sanción. Así, este dictamen de minoría de los cordobeses establece que: “Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana doce inclusive del proceso gestacional”. Y replica también a la media sanción en lo que sucede luego de esas 12 semanas: “Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente; b) Si estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante; c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

-Objeción de conciencia institucional. Se la agrega en el artículo 15 y es para las instituciones de salud privada. Este aspecto está “prohibido” en el texto con media sanción, donde se prevé que “en el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la IVE debe realizarse en el plazo establecido en el artículo 11” (o sea, dentro de los 5 días de solicitada), y “siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante”.

– El financiamiento. Se crea una partida presupuestaria específica para atender la IVE, como parte del PMO. Para los senadores de Córdoba el aspecto del financiamiento de la ley (ya que los costos recaerían en hospitales que dependen de las provincias y municipios) no está debidamente contemplado. Por otra parte, en el mismo artículo se prevé que el Estado Nacional contemple la producción de la monodroga y su envío gratuito a los hospitales públicos. La cuestión del financiamiento tuvo muchas objeciones también en Diputados.

Plazo. Se agrega el plazo de la implementación de la ley en 180 días. El texto con media sanción no especificaba ninguno. Según los cordobeses, se necesita un tiempo para que municipios y provincias puedan adaptar su infraestructura.

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