El Parlamento israelí aprobó finalmente la ley que define a Israel como el “Estado nación del pueblo judío”, un controvertido texto que suscitó acusaciones de “racismo” y “discriminación”, y levantó una ola de protestas de las minorías árabes. Organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas y el Comité Judío Americano, expresaron su “preocupación” y “decepción” por la norma.

La ley, que tuvo el apoyo de 62 legisladores y el rechazo de 55, define a Israel como Estado nacional del pueblo judío, reafirma el status de Jerusalén como capital de Israel y, en uno de sus puntos más polémicos, dice que “únicamente los judíos tienen derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel”.

Convierte al hebreo en única lengua oficial de Israel, un estatus que compartía anteriormente con el árabe, y establece el calendario hebreo como el oficial del Estado.

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En otro cuestionado artículo, que ya había sido reprobado por el propio presidente israelí, Reuven Rivlin, afirma que “el Estado considera que el desarrollo de los asentamientos judíos es de interés nacional, y que el Estado tomará medidas para alentar, hacer avanzar y servir a dicho interés”. Este es un tema de disputa constante con los palestinos, en cuyas tierras se expanden los asentamientos.

En el país convive un 75% de ciudadanos israelíes judíos y un 20% de ciudadanos israelíes árabes. Entre las pequeñas minorías se registra un 2% de cristianos y otro porcentaje similar de drusos, todos también israelíes. “Es una ley dramática desde el punto de vista legal”, explicó Gay Luria, abogado del Instituto Israel de Democracia. Si bien todas las cláusulas de la ley son praxis común, en el momento en que son legítimadas por una Ley Básica “se despoja al Estado de la defensa frente a atropellos discriminatorios”, advirtió.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habló elogioso de un “momento clave en la historia del sionismo”. “Hoy legislamos que este es nuestro himno, este es nuestro lenguaje y esta es nuestra bandera”.

Sin embargo, israelíes árabes, políticos opositores y grupos de defensa de las libertades civiles criticaron la ley porque consideran que somete la condición democrática de Israel a su carácter judío, en perjuicio de las minorías. Israel no tiene Constitución y desde hace mucho tiempo ha mantenido un delicado equilibrio entre su carácter judío y el compromiso de su Declaración de Independencia de proporcionar “una ciudadanía plena e igual” a todos sus ciudadanos.

Los diputados árabes protestaron a gritos y en un gesto simbólico rompieron el borrador de la ley. El diputado Ahmed Tibi dijo que la ley es “racista” y supone la “muerte de la democracia” en Israel. “Esta es una ley de superioridad judía que excluye a más del 20% de los ciudadanos. Está diseñada por completo para desafiar, dividir, denigrar y continuar la provocación del Gobierno de Netanyahu”, señaló Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta, una alianza política de partidos árabes.

La Unión Europea se mostró “preocupada” porque la ley “puede complicar aún más el camino” hacia una solución de dos Estados. El propio Comité Judío Estadounidense, una organización de apoyo a Israel y los judíos, consideró que la norma es “innecesaria y que pone en peligro el equilibrio entre ser un Estado judío y ser democrático”.

La Liga Árabe condenó abiertamente el paso dado por el Parlamento y denunció que así legalizaba el régimen segregacionista del “apartheid”. “Consolida las prácticas racistas que anulan al otro imponiendo los hechos por la fuerza”, apuntó.

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, también fue terminante: “Esta controvertida ley es otro intento para destruir la identidad árabe palestina e institucionalizar y legitimar políticas de ‘apartheid’ en lugar de promover la paz. Es lo que faltaba para enterrar la solución de dos Estados”.

Dentro de los propios judíos israelíes hubo duros reproches. Shelly Yiajimovich, de la Unión Sionista, denunció que fomenta una forma “envilecida de nacionalismo que odia al otro”. Elazar Stern, diputado de Hay Futuro, consideró que es un insulto a “nuestros hermanos drusos y beduinos que sí lo quieren con el Ejército y los servicios de seguridad”.

Dentro del propio partido gobernante, Likud, hubo disenso. Benny Beguin, hijo de Menájem Beguin, uno de los padres fundadores de Israel, resaltó que esta ley no era lo que esperaba de su partido, y que podía provocar el aumento de la tensión social y el nacionalismo extremo. 



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