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Ante el fiscal Stornelli -a quien le quedan pocas sortijas para repartir, como ya advirtió- los empresarios y ex funcionarios involucrados en el escándalo de los cuadernos se codean para admitir ahora lo que negaron durante años: que por mucho tiempo animaron un circuito de sobornos y pagos ilegales a los más altos cuadros del kirchnerismo. Pero la coincidencia se termina ahí: de inmediato, los supuestos arrepentidos pasan de la contrición al cálculo, buscando travestir uno o varios delitos gravísimos en inevitables respuestas ante una extorsión. Un recurso desesperado, pero tardío.

Ya se explicó que con el deseado pasaje de “partícipe necesario de una asociación ilícita” a autor involuntario de “exacciones ilegales” de dinero para financiar campañas electorales -que de comprobarse también serían delito, como ahora se investiga respecto a la elección de Cambiemos en 2017- es la unánime sugerencia que sus abogados hicieron a los empresarios y políticos detenidos. Las posibilidades de que el juez Bonadio acepte bailar esa música son cercanas a cero. Pero no es todo.

Además de maquillar la maquinaria de coimas sostenida durante más de una década, día tras día y semana tras semana en todos los años -electorales y nones- ahora los acusados también se amontonan bajo el frágil tinglado de otra excusa: todos dicen haber sido extorsionados a poner aquella plata, que por supuesto sólo era para financiar la política y nada tenía que ver con el reparto de obras públicas ni el toqueteo de los contratos para aumentar el costo que en muchos casos ya había sido aprobado con sobreprecios.

Otro argumento pobre, al menos para explicar la totalidad del dinero ilegal que entregaron a los miembros de la mesa chica del gobierno K. Pero además flojo de papeles: en primer lugar, sea cual fuera el destino de esas coimas -o aportes, como prefieren llamarlos los empresarios- indefectiblemente la justicia debe investigarlas como lavado de dinero o dádivas,

Y lo más obsceno: es inverosímil que en tanto tiempo nadie haya denunciado la supuesta extorsión kirchnerista. Más bien, a muchos de los ahora compungidos acusados se los veía aplaudiendo muy sonrientes en el salón Blanco de la Casa Rosada en cada uno de los muchísimos actos y anuncios de Néstor y Cristina Kirchner. Como socios de un mismo equipo.

Cualquiera de los muy buenos abogados de las empresas involucradas por las coimas de los cuadernos debería haber empujado a sus clientes a llevar a la justicia cuanto antes aquellas supuestas presiones bajo las cuales pagaron fortunas ilegales. Como mínimo, no habría atenuantes para no hacer la denuncia tras la llegada al poder de Mauricio Macri y la coalición Cambiemos.

Una última objeción a los “arrepentidos”. Aunque las consecuencias de quedarse afuera del festival de negociados que ofrecía el gobierno podían ser grandes, aún bajo presión siempre está la posibilidad de decir que no. Ser perderían contratos y oportunidades, puede ser. Pero todos los detenidos de ahora podrían seguir mirando a sus hijos a los ojos. Hubo empresarios, políticos, periodistas y hombres de a pie que lo hicieron.

La observación es mil veces mayor para el inclasificable ex juez Norberto Oyarbide, un novio eterno de cuanto poder le tocó controlar, mientras su patrimonio y el de sus allegados directos se multiplicaba geométricamente. Resulta que ahora, diez años después, el país se entera de que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en una causa por su evidente enriquecimiento inexplicable por presión de la SIDE, representada por el espía Jaime Stiuso y su némesis en Comodoro Py, Javier Fernández. Una década de silencio, en la que tampoco se lo vio muy incómodo.

Hablamos de un magistrado, supuestamente invulnerable a presiones y pedidos. Con él, la burla de los arrepentidos llega al extremo del esperpento.

Si la historia de las presiones fuera cierta, el doctor Oyarbide bien podría haber seguido el ejemplo de otro hombre de las leyes que cuando lo intimidaron decidió renunciar a su importante cargo en la justicia. Hablamos del ex procurador general Esteban Riggi, a quien el kirchnerismo le reclamó por no haber frenado un allanamiento al departamento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. El “Bebe” Riggi, insignia histórica del peronismo, dijo adiós. Y Boudou fue condenado, justamente esta misma semana. A veces la historia nos obliga a escuchar sus enseñanzas a los gritos.

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