El 40% de los empleados de la Administración Pública Nacional cobró un plus por presentismo, durante el cuatrimestre que fue de febrero a mayo, según datos oficiales. La mitad de esos 80.000 empleados cobraron $ 5.200 el mes pasado, por no haber faltado ni un sólo día a su lugar de trabajo durante los meses de febrero a mayo. Y el resto cobró un porcentaje de esa cifra, según la cantidad de días que tuvo faltas justificadas.

Es que el pago es cuatrimestral y surge de contabilizar $ 1.300 mensuales para los que tienen asistencia perfecta; $ 910 mensuales para quienes tuvieron hasta cuatros faltas justificadas, durante el cuatrimestre; y $ 520 mensuales, para los que faltaron hasta ocho veces en ese período. Pero los empleados que no pudieron justificar una de sus faltas, perdieron la posibilidad de cobrar el plus y, además, tuvieron descuentos en sus haberes, a razón de $1.100 por día sin ir a trabajar.

Esta es la tercera vez que se realiza un pago por presentismo. El primero fue para el período junio-septiembre del año pasado; el segundo, por octubre 2017 a enero 2018; y el último fue el pago por el período febrero a mayo de este año. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, señaló que “lo fundamental para alcanzar un Estado eficiente, que brinde servicios de calidad, es que los empleados estén presentes. Por eso, incluimos el presentismo, un incentivo inédito que busca fortalecer la cultura del trabajo dentro del Estado, premiando al que cumple y está presente”. 

La metodología de pago por presentismo se basa en el Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo, que elaboró el Ministerio de Modernización. Esa pauta fue incorporada por primera vez en la paritaria estatal, que rige desde el 1° de junio del año pasado.

De los 200.000 empleados públicos que trabajan en la Administración Pública Nacional, hay casi 100.000 que están en condiciones de cobrar el plus por presentismo, ya que están en 82 organismos públicos incluidos en el convenio colectivo de trabajo. “Además, quedan por fuera de ese convenio las autoridades superiores, personal de gabinete, alta dirección pública y contratos de locación de servicios”, dijo una fuente del Ministerio de Modernización. 

En simultáneo, hubo 1.500 empleados públicos que renunciaron durante el último año, por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia. Esos equipos los implementó Modernización en la mitad de los organismos públicos y planea llevarlos a todas las dependencias hacia fines del año que viene.

El control del presentismo forma parte de una estrategia más amplia que diseñó el Ministerio de Modernización, que incluye el congelamiento del ingreso de nuevos empleados públicos y un mecanismo de movilidad interna entre las diferentes dependencias estatales, junto con planes de capacitación y concursos para los empleados públicos.   

El ministro Ibarra aseguró que, “por primera vez en la historia, estamos trabajando en una estrategia integral de recursos humanos basada en dos ejes centrales: la jerarquización del empleo público y la organización del Estado”.

En Modernización destacaron que se relanzó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con itinerarios formativos, cursos de inducción al Estado, un nuevo campus virtual, articulación con universidades y un Consejo Consultivo “de excelencia”, dijo una fuente de ese Ministerio. Y detalló que hay 104.758 vacantes en el INAP este año, frente a las 37.814 que hubo en 2016. También se otorgaron 668 becas para cursos de especialización y maestrías en universidades públicas y privadas, para los cargos de la Alta Dirección Pública.

“El desafío es construir un Estado más ágil, cercano y transparente, que brinde respuestas en todo el país. Y la capacitación es fundamental para lograrlo”, dijo Ibarra. Y agregó: “Una muestra de ésto son los más de 200.000 trabajadores del Estado nacional que se capacitaron en el manejo del sistema de Gestión Documental Electrónica, agilizando y transparentando cada trámite que se realiza con el Estado”. 

Según datos de Modernización, ya se caratularon 6.721.504 expedientes electrónicos, de los cuales casi un tercio correspondió al Ministerio de Agroindustria. Y se lanzó una plataforma digital de licitaciones abiertas, que tiene $ 130.000 millones en solicitudes de compras públicas, de los cuales ya se asignaron $ 29.176 millones en órdenes de compra. El organismo que más usa esta plataforma es Vialidad Nacional, para sus obras de infraestructura, que busca alejarse de las licitaciones que caracterizaron a la gestión kirchnerista, con el emblema de Lázaro Báez como uno de sus principales beneficiarios. 

Búsquedas internas, movilidad y congelamiento

El Gobierno está potenciando el programa de Movilidad y Búsquedas Internas de personal público, ya que desde el mes pasado no pueden ingresar nuevos empleados a la Administración Pública Nacional, con algunas excepciones.

“Tenemos una herramienta en Internet que presenta todas las búsquedas laborales que están haciendo las diferentes dependencias estatales”, explicó una fuente del Ministerio de Modernización. En la actualidad, hay 72 búsquedas internas en el Portal del Empleado Público (www.busquedasapn.modernizacion.gob.ar).

Los únicos que pueden postularse a esas búsquedas son los empleados públicos que ya estén trabajando en algún organismo del Estado nacional y quieran cambiar su lugar de trabajo. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Producción busca un abogado especialista en compras y contrataciones, mientras el Ministerio de Turismo busca un referente en informática, entre otras. 

Según un Decreto que Mauricio Macri dictó el mes pasado no ingresará más personal nuevo a los ministerios, Jefatura de Gabinete, ni organismos descentralizados como AFIP, PAMI, ANSES, entre otros, bajo cualquier modalidad de empleo o contratación hasta fines de 2019. 

Allí se establecen excepciones “autorizadas” para las universidades, Conicet, personal del servicio exterior, Fuerzas Armadas y de seguridad. También para los concursos en marcha o nuevos -pero internos-, como los de la alta dirección; los habilitados por la Ley de Presupuesto para reponer vacantes; los cargos previstos en “estructuras orgánico-funcionales” y si hay “riesgo operativo, previo agotamiento de búsqueda interna y autorización extraordinaria”.



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