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El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, que sesionó en el Anexo del Senado, resolvió esta miércoles la destitución del juez Luis Arias, controvertido en sus resoluciones en oposición a medidas laborales decididas por el gobierno de María Eugenia Vidal y, en su momento, uno de los más activos investigadores sobre las consecuencias de la inundación del 2013 en esta capital.

El titular del juzgado Contencioso Administrativo N 1 de La Plata había permanecido suspendido mientras tramitaba el jury. La acusación incluía una veintena de cargos, entre ellos abuso de autoridad, irregularidades administrativas, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta su destitución, era considerado un opositor sistemático a las resoluciones del actual gobierno provincial, en cuanto a disposiciones emanadas de su despacho sobre aumento de tarifas, discusión salarial con los estatales y apreciaciones específicas en los descuentos por días de huelga.

“Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado. Tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a quienes decretaron descuentos salariales por los días de paro estableciendo una conciliación obligatoria ilícita. Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores”, consideró Arias en su alegato. La manera cómo tramitó esos expedientes, en los márgenes de sus atribuciones y funciones, fue el nudo de la imputación en su contra. El Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, fue el encargado, en la acusación, de advertir la ilegalidad de la conducta referida.

Entre las causas en cuestión, estuvo su actuación en la etapa investigativa de la inundación de La Plata . Además, las diligencias judiciales bajo su responsabilidad con el pedido de suspensión de desalojos en las localidades de Gorina y Abasto, en la capital bonaerense, que no se cumplieron –según la imputación- porque Arias impidió su ejecución.

En la imputación de hace unos días, Conte Grand, quien actuó como fiscal del jury, atribuía al acusado “avasallamiento del ámbito de la jurisdicción de otros magistrados” y le reprochaba una supuesta “intervención activa en política”.

El responsable del ministerio público planteaba entonces que Arias “pretendió crear otro sistema que, a su juicio, mejoraba la tutela de derechos” pero eso significó un “flagrante desprecio al orden constitucional”.

En respuesta al Procurador, en su comparecencia, el ahora destituido se encargó de denunciar que el juzgamiento surgió “por haberle requerido al fiscal (Jorge) Paolini que no oficialice el número de muertos de la inundación, ese es el principal motivo”. La referencia fue por la competencia planteada trás el controvertido manejo de las cifras de víctimas fatales en la inundación.

La tragedia de La Plata, en aquellas horas entre el 2 y el 3 de abril de hace cinco años, que transformó el tono de miles de familias platenses en desasosiego e incertidumbre cargó con muchas muertes. También con las crueldades de la impericia, la ineptitud en la función de gobernantes y el ogobio público porque la cantidad de fallecidos se transformó en un largo tironeo, de un lado y otro, por la verdad. Desde el inicio, Arias decidió impugnar los datos oficiales. En principio, la información del gobernador Daniel Scioli, y de su ministro, Ricardo Casal, transmitía 51 muertos. Después, con los aportes del propio Arias, se estableció en 89 muertes. La leyenda haría el resto: en la nómina no había un sólo menor.

En el medio, se estableció un conflicto de competencia entre los fueros Penales y Contencioso Administrativo, sobre quién debía investigar en cada caso. El planteo llegó hasta la Suprema Corte bonaerense que estableció lo siguiente: la cifra de víctimas fatales era competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo y las responsabilidades políticas era materia del área Penal.

A partir de ese ordenamiento establecido por el tribunal, los expedientes comenzaron a cruzarse con datos, pruebas e informaciones entre el fuero de Arias y el Penal, a cargo del fiscal Paolini, Allí aparecen los primeros síntomas del exceso en las funciones de Arias. En su declaración en el jury, como testigo, Paolini se manifestó en términos elogiosos hacia su colega, pero cuando abordó específicamente las causas por la inundación aportó esta explicación: “Me sentía completamente auditado por el doctor Arias”.

Los términos de ese testimonio conformaron una parte importante del veredicto de los integrantes del jury. “Lo que me pasó con el doctor (Arias), a mí no me sucedió nunca con ningún otro par de ningún fuero. Mediáticamente se erosionaba a la figuraba de la justicia Penal, en particular, sobre mi persona; parecía que ‘Paolini no quería investigar’”, mencionaba en la declaración. Entre escalonamiento de aparentes perversiones humanas con la tragedia más importante desde la creación de La Plata, casi en los albores del siglo XX, hubo un párrafo lacerante entre sus dichos. La posibilidad del ocultamiento de cuerpos de menores de edad. “Yo estaba tan preocupado como él (Arias ) en que no haya ningún menor fallecido, salíamos corriendo atrás de lo que declaraba en los medios de comunicación; la magnitud de la inundación fue tan grande que existía la posibilidad de fallecidos no declarados”, fue un capítulo en la exposición de Paolini que quedará en los tiempos, cuando el jury sea historia abreviada, Scioli y sus funcionarios queden en un rincón de la memoria y no quede rastro de barro en las paredes de las casas.

Hasta entonces, Arias seguirá ejerciendo en la matrícula. Y el fiscal Paolini andará eventualmente en otras cuitas. Fue quién sobreseyó a Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito y en estas semanas habrá una presentación para la reapertura de la causa, como cosa juzgada írrita. Ello presupone que el fallo fue obtenido de modo malicioso o ilícito, una comprobación muy compleja para el demandante y con pocos antecedentes en materia judicial.

El presidente de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, es quien estuvo a cargo del jury. Lo integraron, además los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana). Por Cambiemos, el senador Roberto Costa y el diputado Walter Carusso. En representación de los abogados, Fabián Ramón González (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).

El resultado de la votación de los 11 miembros fue 9 a 2 a favor de la destitución. Garate (FR) y Révora (UC) respaldaron a Arias.

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