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Como parte del respaldo por las amenazas y balaceras que sufrieron jueces de Rosario en los últimos meses, magistrados de Brasil entregaron este martes un protocolo de seguridad en el que sugieren a sus pares locales, de acuerdo al grado de amenaza que enfrenten, la utilización de chalecos antibalas y automóviles blindados. Las medidas que aportó la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) forman parte de un convenio de cooperación y asistencia técnica rubricado con la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).

“Tenemos experiencia de otros países de la región, países miembros de la Federación. Ya sabemos lo que puede pasar y a dónde pueden llegar con esas amenazas. Estamos tratando de evitarlo acá con el intercambio de información, el aporte de experiencias anteriores, en especial en Brasil, donde lamentablemente ya hubo muchos casos”, explicó el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el brasileño Walter Barone.

La Justicia de Brasil adoptó medidas de “inmediata protección” tras el ataque de organizaciones criminales perseguidas judicialmente. En ese protocolo se destacan “la escolta o acompañamiento personal del juez, pudiendo abarcar a familiares”, enviar policías al lugar de trabajo y residencia del magistrado, “dependiendo del grado de amenaza se ofrecerán chalecos a prueba de balas” y que “estará disponible un coche blindado”, lo que disminuirá “considerablemente los riesgos”.

En medio de los ataques, "Los Monos" presenciaron una audiencia en su contra por videoconferencia. (JUAN JOSE GARCIA)

En medio de los ataques, “Los Monos” presenciaron una audiencia en su contra por videoconferencia. (JUAN JOSE GARCIA)

En el caso brasileño se dispone un monitoreo permanente del juez y del grado de riesgo y de vulnerabilidad al que está expuesto, además de la utilización de cuerpos de inteligencia y “la remoción del detenido que, desde la cárcel, esté amenazando al juzgador”.

“Se recomienda la creación de una oficina de inteligencia para el análisis de lo que pasa en la criminalidad organizada para intentar prevenir y conocer con antelación lo que intentan hacer con los jueces y funcionarios del poder judicial”, explicó Barone.

“Este es un primer avance en el diseño de políticas de seguridad para la magistratura y la función judicial. Tienen que manifestarse un trabajo en conjunto: los operadores judiciales con los otros poderes del Estado. Particularmente con el Poder Ejecutivo, el ministerio de Seguridad y de Justicia, quienes tienen que llevar adelante el diseño de protocolos para que la independencia en el ejercicio de la magistratura no se vea interferida”, explicó durante el acto Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.

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Desde el 29 de mayo pasado domicilios vinculados con jueces que investigaron a la banda narco “Los Monos”, imputaron, condenaron y ahora revisan las condenas que recibieron 19 de sus miembros, fueron atacados a balazos. También sufrieron atentados el nuevo Centro de Justicia Penal, donde se llevó adelante el juicio contra la organización, y la sede del Ministerio Público de la Acusación. Dos policías que investigaron al grupo también sufrieron episodios semejantes.

Por los múltiples ataques hay tres personas imputadas como autores materiales. Ariel “Guille” Cantero, sindicado líder de “Los Monos”, fue señalado como instigador y será imputado en las próximas semanas por ese delito en los dos primeros casos ocurridos el 29 de mayo pasado.

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