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El entramado de estrategias conjuntas que lleva a cabo el Ministerio de Educación de Santa Fe para detectar irregularidades en el sistema de licencias médicas permitió ahorrar alrededor de $ 360 millones en los últimos tres años, tras un caso que marcó un cambio en las políticas de control y que terminó en una condena de prisión. El número se desprende de la baja en los niveles de ausentismo docente, reducido a la mitad desde 2015 a esta parte. “No es una persecución ni mucho menos, es algo que hasta los propios docentes nos reclaman”, advirtió una fuente de la cartera educativa provincial.

La articulación del trabajo con el Colegio de Médicos, las propias auditorías del Ministerio, el cruce de datos con Migraciones y el nuevo sistema digital de Legajo Docente, permitieron un abordaje integral de la problemática -el ausentismo- que bajó un 50% en los últimos dos años en la provincia.

Según datos del Ministerio de Educación, en el primer trimestre de 2018, Santa Fe se ahorró $ 40 millones, $ 120 millones en 2017 y entre 2015 y 2016 $ 200 millones. “Levantar de cero un Jardín cuesta alrededor de $ 15 millones”, ilustra una funcionaria.

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En 2015, tras una auditoría, unos 50 profesionales de la salud santafesinos fueron convocados por el Colegio de Médicos pues sus firmas se repetían en certificados que avalaban las licencias. Había uno saliente: un profesional del norte provincial que le puso su firma a unas 2 mil autorizaciones -en distintos puntos del territorio- durante 2015.

En 2016, la provincia detectó una red que cobraba reemplazos docentes que nunca se ejecutaban. Por este caso, la secretaria de una escuela privada, encontrada la mayor responsable del fraude, fue condenada a 8 meses de prisión efectiva. Otras tres implicadas en la maniobra esperan sentencia en acuerdos abreviados.

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Ahora, luego de cruzar datos con Migraciones se descubrió que 29 casos (directivos, docentes y asistentes escolares) pidieron licencias médicas cuando estaban de viaje por el exterior. En alguno de estos, las licencias se daban en pleno viaje. “Si se comprueba la estafa al erario público la pena es de cárcel. Vamos a hacer la denuncia penal. Y también daremos los pasos correspondientes con estos casos porque los perjudicados son los niños con un impacto negativo en el aprendizaje. Son casos puntuales, no hacen al total de los 75 mil docentes pero sí son ejemplificadores y permiten resguardar al a mayoría de los docentes que trabajan bien”, le dijo a Clarín la ministra Claudia Balagué.

Santa Fe. Corresponsalía.

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