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La cascada de excusas, chicanas y triquiñuelas con que varios referentes del Senado intentaron tapiar el despertar judicial -que desde 2016 multiplicó los procesamientos, juicios y pedidos de desafuero de ex funcionarios kirchneristas- exhibió este martes su resultado más crudo: una sociedad soliviantada por la epidemia de impunidad ante los sucesivos casos de corrupción desde la cima del Estado, cuya increíble y vasta estructura quedó al desnudo con el caso de los cuadernos.

Impermeables a cualquier señal desde los tribunales, los senadores enmudecieron ante el grito de la calle, que llegó hasta su casa a través de la garganta de cientos de miles de personas. Y más allá del big bang de consecuencias políticas que tendrá la marcha del martes, los enfrenta a un desafío inmediato: tras la autorización a los allanamientos a Cristina, el seguro procesamiento de la ex Presidenta podría llegar con un pedido de desafuero para su posterior detención.

La confirmación de las prisiones de ex funcionarios y un par de empresarios que no optaron por confesar coimas, que la Cámara Federal firmó este miércoles, fue justificada por la necesidad imperiosa de salvaguardar pruebas y facilitar una investigación que es veloz, pero también muy compleja. Si jugadores menores como Walter Fagyas (ex Presidente de Enarsa), Nelson Lazarte (ex secretario privado de Roberto Baratta), Fabián García Ramón (ex asesor del ministerio de Planificación) o Hernán Gómez (ex secretario de Baratta) deben permanecer en la cárcel ante el riesgo de que puedan entorpecer las pesquisas, ¿qué podría decirse de Cristina?

La noticia es que aún ante ese muy probable escenario no habría sorpresas: los senadores ya tienen sobre sus escritorios un pedido de desafuero de la viuda de Néstor Kirchner, reclamado por el mismo juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del pacto con Irán. Esa pregunta permanece sin respuesta desde el 7 de diciembre. Como el pedido tiene un plazo de 180 días para tratarse, tras varias negociaciones el 5 de junio pasado los legisladores de Cambiemos y el PJ acordaron que se contarían los “días hábiles”, y que entonces el desafuero se trataría en septiembre. Claro, todavía no se habían conocido los cuadernos del chofer Centeno.

El reclamo popular de esta semana, cuya meta central es el desafuero de Cristina y la votación de la ley de extinción de dominio que permita “recuperar lo robado”, encontró a los senadores con el paso cambiado. Más entregados a la rosca y la especulación que sensibles a la conversión de esa “honorable” Cámara en un “aguantadero de chorros”, según la implacable interpretación pública.

Las dos condenas que el también senador Carlos Menem lleva como si nada mientras sus colegas esperan un último OK de la Corte -en el caso del contrabando ilegal de armas, después de 23 años de los hechos– tampoco ayudan a oxigenar el intoxicado prestigio del Senado.

Pero los ecos de la populosa marcha de este martes también resonarán un poco más lejos del Congreso, en el turbulento edificio de los tribunales federales que funcionan en la avenida Comodoro Py de Retiro. Allí avanzan, con paso espasmódico, decenas de expedientes cuyos acusados también son ex funcionarios que ahora trabajan como legisladores, incluyendo por supuesto a la mismísima ex Presidenta.

¿Con qué animo leerán esas causas los magistrados tras el impactante reclamo callejero? ¿Qué tenor tomarán los jueces de los tribunales orales al término de los juicios cuyas condenas hoy no son más que un pequeño tizne de polvo sobre el lomo de los acusados, como está ocurriendo con los condenados por la tragedia ferroviaria de Once? ¿Permitirán que siga el pedaleo de apelaciones mientras todo el mundo sigue en libertad, o la reciente cárcel para Amado Boudou tras la sentencia por Ciccone marcará un giro histórico?

Cristina tiene media docena de juicios en su agenda. Desde el que la acusa de perjudicar al país con la venta de dólares a futuro a precio vil -cuyo tramiterío previo ya comenzó- hasta el direccionamiento de las obras públicas viales en Santa Cruz en favor de su protegido Lázaro Báez, que podría comenzar antes de fin de año, o los supuestos fraudes a través de sus firmas Hotesur y Los Sauces, por ejemplo. Con el pestilente marco de los cuadernos de fondo, la tentación de exigir desafueros y prisiones preventivas es grande. Que los senadores mantengan el teléfono a mano.

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