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La parábola parece escrita para un capítulo de House of Cards, la serie norteamericana que novela sobre los chanchullos de la política. La ley de fueros que rige en la actualidad y que garantiza, entre otras, la libertad de Cristina Kirchner, lleva la firma de un pionero en arrepentirse de las coimas. Se trata de Mario Pontaquarto, el radical que saltó a la triste fama cuando confesó que valijeó sobornos para aprobar una flexibilización laboral.

¿Qué hace el nombre de este señor ahí? Pontaquarto, militante de Lujan que arrancó en la política junto a Daniel Bravo -hijo del reconocido dirigente socialista Alfredo Bravo- era secretario parlamentario del Senado a comienzos de septiembre de 2000, cuando se aprobó aquella versión del “Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados” que perdura hasta hoy

Mario Pontaquarto, el arrepentido de las coimas en el Senado, durante las audiencias de 2013 en el Tribunal Oral Federal N°3 (Pepe Mateos)

Mario Pontaquarto, el arrepentido de las coimas en el Senado, durante las audiencias de 2013 en el Tribunal Oral Federal N°3 (Pepe Mateos)

Luego, Pontaquarto confesaría que había transportado fondos reservados de la ex SIDE para convencer sobre todo a legisladores del PJ de los beneficios de la ley laboral que impulsaba el presidente Fernando de la Rúa. Aquel escándalo terminó con la renuncia del vice Carlos “Chacho” Alvarez y dispararía el derrumbe del Gobierno de radicales y frepasistas.

Con el comienzo del kirchnerismo y por presunto impulso del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, la causa de las coimas en el Senado tomaría nuevos bríos. Para esa época, Daniel Bravo, el viejo compañero de militancia de Pontaquarto, ya era confeso kirchnerista. O al menos trabajaba para ese modelo.

Años después, similares actores, Bravo hijo y Alberto F., serían señalados como supuestos creadores de la campaña sucia contra el radical Enrique Olivera. Durante la campaña legislativa de 2005, denunciaron que el ex jefe de Gobierno tenía una cuenta en el exterior, dato que luego se comprobaría falso. Ya había pasado la elección. Otro capítulo para Netflix.

Respecto a la ley de fueros 25.320,  sancionada el 8 de septiembre de 2000 y promulgada cuatro días más tarde, tiene cuatro artículos centrales. En el primero, regula los allanamientos que resistió hasta dónde pudo Cristina Kirchner y que este miércoles aprobaría el Senado. Especifica: “No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara“.

Este es el texto completo de la norma:

ARTICULO 1º

“Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”.

“En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles”.

No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

ARTICULO 2° 

“La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.

ARTICULO 3°

“Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional (prevé el arresto si el legislador es sorprendido in fraganti cometiendo un delito), el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador“.

ARTICULO 4° 

“Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa según su estado”.

“En cualquier caso regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal”.

Además de Pontaquarto, la norma sobre los fueros quedó firmada por Rafael Pascual (presidía la Cámara de Diputados), José Genoud (titular provisional del Senado y para quien trabajaba el “arrepentido”) y Luis Flores Allende (secretario parlamentario en la Cámara baja).

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