La noticia de los aduaneros detenidos en Puerto Iguazú a principios de mes, acusados de formar parte de una megabanda que se dedicaba al contrabando de elementos electrónicos desde Ciudad del Este a grandes urbes de la Argentina, tomó trascendencia nacional el miércoles, después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA) presentaran formalmente los alcances del caso.
Con ello, los detalles del funcionamiento y los roles quedaron al descubierto, lo que terminó exponiendo a una mujer misionera como la cabeza de toda la estructura y principal encargada del tráfico ilegal de 85 millones de pesos en mercaderías y dinero en distintas divisas. Se perfil fue publicado al detalle ayer por el periodista Walter Vazquez, para el sitio de noticias Infobae.
La implicada fue identificada simplemente por la inicial de su nombre: J. Los investigadores del caso revelaron que es oriunda de Eldorado y pareja de un efectivo de Gendarmería Nacional. La ahora detenida tiene dos oficinas desde donde manejaba sus presuntos negocios ilegales: una en la Capital del Trabajo y la otra en pleno microcentro porteño, además de varios locales tanto en Misiones como en la zona de Constitución.
La modalidad de J -que tiene antecedentes en el fuero penal económico- es muy conocida y habitual en Misiones, solamente que ella la llevó a niveles mayoristas y de alcance nacional. Los teléfonos de todas las gamas, Playstation y otros productos ingresaban al país por Puerto Iguazú desde Ciudad del Este, mediante paseros que contaban con la complicidad de los funcionarios públicos de la Aduana.
Todos los productos iban a una cueva financiera, donde se hacían el pagos de los pases y se devolvía el dinero destinado a los aduaneros que operaban en el puente internacional Tancredo Neves. Y desde allí, mediante diferentes métodos, a Santa Fe, Rosario, Arrecifes, Chivilcoy y Junín, además de varios puntos de Capital Federal.
Los principales encargados del transporte eran choferes de colectivos de larga distancia, pero la pesquisa llevada adelante por el juez Adrián González Charvay, titutar del Juzgado Federal de Campana,  y ejecutada por la PFA,  también arrojó que se utilizaban camioneros y vehículos particulares.
Los transportadores se contactaban con los distribuidores de los distintos puntos del país y éstos con los comerciantes que en su mayoría son vendedores callejeros informales. En este punto, a los pesquisas les llamó la atención que contrabandeaban muchos teléfonos viejos, sin 4G, ni wifi, que eran destinados mayormente a Rosario.
La hipótesis es que esos aparatos eran destinados a las temibles bandas criminales que operan en la ciudad santafesina, quienes los utilizan simplemente para hacer llamados y descartarlos rápidamente.
Todo el dinero se concentraba en una financiera ubicada en Lavalle al 400, en Buenos Aires y regresaba nuevamente a Ciudad del Este, mediante otra financiera.

Allanamientos y detenciones
Con toda esta información, González Charvay ordenó 32 allanamientos llevados adelante en 2 de octubre y distintos puntos del país, incluido Puerto Iguazú, Eldorado. En Misiones se concretaron un total de seis detenciones, entre ellas la de los aduaneros, quienes tienen muchos años en la fuerza.
Los procedimientos en Cataratas se extendieron hasta la Oficina de Control Aduanero, en la cabecera del puente.
En los procedimientos a domicilios y locales comerciales incautaron teléfonos y consolas, 18 autos, cinco motos, armas de fuego y casi seis millones de pesos repartidos -además de la moneda nacional- en guaraníes, reales, libras esterlinas, dólares y euros . En total, elementos valuados en 85 millones presentados en una conferencia de prensa encabezada por Patricia Bullrich y el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia.

La detención de dos choferes, el inicio de todo

Como informó El Territorio en ediciones anteriores, la investigación empezó hace más de 20 meses, en un control vehicular sobre la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Zárate. En la cabina de un colectivo de la empresa Río Uruguay, efectivos federales lograron incautar una mochila que tenía 20 teléfonos Samsung y Iphone. La misma estaba disimulada en un compartimiento destinado a la basura. La unidad había salido de Puerto Iguazú e iba a retiro y en la continuidad de la pesquisa los investigadores determinaron que uno de los choferes hacía habituales viajes hasta las localidades donde se vendían los aparatos. Los implicados ya fueron procesados en abril del año pasado.

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