El planteo fue formulado por el Partido Obrero ante el Juzgado Civil Nº 5. Consideran que son “inconstitucionales” los argumentos del decreto municipal que determinó la última suba. Además, exige que se abran los libros contables de las empresas para conocer en detalle sus números. En 2018 hubo 76% de aumento con SUBE y 75% sin tarjeta.

“Planteamos que en los considerandos de ese decreto se establecen falacias, porque señala que la tarifa debe mantener el equilibrio entre las economías familiares y lo que demanda como inversión para que las empresas puedan sostener el servicio. Desde enero a la fecha los incrementos superaron ampliamente las estimaciones oficiales del 45% de inflación”, argumentó la abogada Olga Aguirre, patrocinante del Partido Obrero en esta acción de amparo.

La profesional recordó que desde comienzos de año se sucedieron tres ajustes tarifarios. El primero llevó el boleto con SUBE de 8,50 a 10,50 pesos y sin SUBE de 12 a 13 pesos; en junio con SUBE pasó a valer 12 pesos y sin SUBE se mantuvo en 13 pesos. El último aumento se concretó desde el 1° de este mes, llevando el boleto con SUBE a 15 pesos y sin la tarjeta SUBE a 21 pesos. “Con estos valores estamos hablando de un 75% de aumento para el pasaje con SUBE y de un 76% para los que viajen sin la SUBE; muy por encima de la inflación proyectada para todo el año”, insistió.

Por medio del escrito, el Partido Obrero pretende que la Justicia habilite un amparo y la Municipalidad dé marcha atrás en el último incremento; es decir, que el precio de boleto vuelva a los valores de junio: 12 pesos con SUBE y 13 sin SUBE. “Acá es como el mundo del revés porque primero se fijan los precios y después se pide a la universidad que haga un estudio de los costos”, se lamentó Aguirre, quien aseguró que los ingresos de los empleados públicos, municipales y de comercios tuvieron aumentos que promediaron un 19% .

Cabe preguntarse, indica el documento, si esta evolución del precio se corresponde con mayores costos o con la inflación registrada en este período, pero también se aclaró que respecto de los costos “los usuarios del transporte público no tenemos acceso a más información que aquella que las empresas presentan en cada audiencia pública de manera verbal”.

Si se considera la variable de la inflación: el índice proyectado para el año en curso es del 45%, por lo tanto, “existe un promedio de 30% de aumento del boleto urbano de Posadas por encima de la evolución de la tasa de inflación”,aseguraron para concluir que no se puede hablar entonces de reajuste ya que el aumento excede largamente la inflación estimada.

La presentación agregó: “Si tomamos en cuenta la economía actual de la familia posadeña tenemos que considerar cuáles han sido los porcentajes de aumento en los salarios de los trabajadores en nuestra ciudad, y ahí vemos que de acuerdo a la paritaria entre el municipio y el gremio que los nuclea se contempla un 15% de aumento; si consideramos el acuerdo paritario de la provincia vemos un 15,5% más un 4,5%. Y si tenemos en cuenta al sector privado, en el caso de los empleados de comercio, estamos hablando de un acuerdo paritario de 15% para el año en curso”.

“Teniendo en cuenta estos tres factores, estamos frente a un 18,16% de aumento promedio en los salarios de los trabajadores comprendidos. Es notorio, Vuestra Señoría, que lejos del mentado equilibrio en la economía familiar, al que se hace referencia en los considerandos del decreto, el aumento del boleto urbano genera un enorme desequilibrio ya que en términos porcentuales excede por mucho el aumento en los ingresos de las familias trabajadoras”, se precisó.

También se expresó que, como resultado de la Audiencia Pública llevada adelante, los ciudadanos coincidieron en su amplia mayoría en el reclamo de mejoramiento de circulación y optimización de la prestación del servicio. “Entonces cabe preguntarse otra vez ¿qué inversión y mantenimiento de la calidad se quiere apuntalar con los sucesivos aumentos en la tarifa del boleto urbano? porque los reclamos en cuanto a frecuencia y recorrido son reiterados.

Desde el PO plantearon: “Cabe preguntarse si se analizarán los libros contables de las empresas, porque no existe posibilidad alguna de determinar la pertinencia de aumento o disminución de la tarifa sino sobre la base de conocer fehacientemente los números consignados en referidos libros. Todo lo demás es complementario, entonces solicito en este acto que se ordene la apertura y puesta a disposición de los libros de registros contables de las concesionarias del servicio de transporte público”.

Por otra parte, el partido Obrero advirtió que el “boletazo” debería “declararse inconstitucional porque viola las siguientes garantías: de igualdad ante la ley (por la diferencia de precio del boleto con y sin tarjeta); el derecho a transitar, que se ha vuelto privativo para muchas familias por el alto costo del boleto; el derecho a la información para saber lo que se está pagando y la desconocida fórmula polinómica; y el derecho a protección de intereses económicos de los usuarios”.

Por todo esto se solicitó desde el Partido Obrero la medida cautelar “de manera inmediata”, la inconstitucionalidad y la marcha atrás del boletazo.

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