Con la normativa, aprobada en julio, todos los mayores son donantes salvo que en vida hayan expresado lo contrario.

La denominada “Ley Justina” ya es una realidad. El Gobierno nacional reglamentó ayer, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, aprobada el 4 de julio del año pasado. La normativa, impulsada por la familia de la niña de 12 años que murió esperando un corazón, busca dar respuesta a los 10.255 argentinos que se encuentran aún en la lista de espera para recibir un trasplante.
Según la Ley N°27.447, dispone “toda persona capaz mayor de 18 años” es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Antes de llevar a cabo la ablación, los médicos deberán comprobar si esa persona informó su negativa en vida, algo que se podrá hacer a través del INCUCAI, el RENAPER, los Registros Civiles, los Organismos Provinciales de Ablación e Implante, el Correo Oficial, o el perfil digital de Mi Argentina.

En las disposiciones generales, la reglamentación determina que “el Poder de Policía Sanitaria referido a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, se hará efectivo por las Autoridades Sanitarias Locales, sin perjuicio de las competencias acordadas al INCUCAI por la Ley Nº 27.447”. Además, señala que “la atención integral del paciente trasplantado comprende la cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante”.

En el artículo 33 se señala que “la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”. En otro de los puntos se destaca que el profesional a cargo deberá brindar a los familiares o allegados del fallecido presentes en el establecimiento la información necesaria vinculada al proceso de donación. Además, deberá corroborar la ausencia de expresión negativa del causante.

En el caso de los menores de edad, “la autorización para la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente, o el representante legal del menor”.

Una ley que hizo historia y batió récords

Justina Lo Cane murió a los 12 años, en noviembre de 2017, mientras esperaba por un trasplante de corazón. Sus familiares fueron los principales impulsores de la ley que lleva su nombre y fue aprobada en julio del año pasado. La normativa entró en vigencia en agosto y su impacto fue notorio. Según informó el INCUCAI la semana pasada, en 2018 se realizaron 701 procesos de donación de órganos y se trasplantó a 1.681 personas, lo que significó una “marca histórica de donantes y trasplantes en el país”.

“Este récord se logró gracias a la nueva ley (de trasplante de órganos, tejidos y células 27.447, más conocida como Ley Justina) y a que el sistema de salud supo interpretar el alma de la norma”, afirmó en su momento Alberto Maceira, presidente del INCUCAI.

“Desde la Ley Justina la oposición de las familias a donar bajó del 40% al 17%. El récord es producto del incremento de donaciones en los últimos seis meses”, destacó Maceira. “De esta manera, nuestro país alcanzó al tasa de 15,75 donantes por millón de habitantes, la más alta de su historia”, agregó.

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