Una jueza de Misiones hizo lugar a una medida cautelar pedida por asociaciones yerbateras y suspendió un capítulo del DNU 70/2023 para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.
De acuerdo a los planteos de los productores, el DNU pone en riesgo a la obra social al dejar sin efecto la intangibilidad de los recursos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de los que depende el financiamiento de la obra social y al quitarle al mencionado organismo la potestad para registrar a los productores, porque esos registros resultan necesarios para identificar a los beneficiarios de la obra social.
“Avocarme al conocimiento de la medida cautelar solicitada a fin de garantizar el efectivo derecho a la salud integral del grupo vulnerable constituido por los pequeños productores yerbateros y, en consecuencia, ordenar la inmediata suspensión delo dispuesto en el Capítulo I – Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N° 25.564) -arts. 164 al 168- del DNU 70/2023 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento específicamente, a fin de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate de conformidad con el texto original de la Ley N° 25.564, hasta tanto se dicte sentencia respecto del fondo”, dice el fallo firmado por la jueza Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil y Comercial n°8 de Misiones.
Mientras tanto, el presidente, Javier Milei, presiona para que la Ley Ómnibus tenga la menor cantidad de cambios posibles y afirmó que “los números están para que sea aprobada”. El jueves por la noche terminó la primera semana de debate de la Ley Ómnibus en comisiones de Diputados y el plenario que analiza el proyecto retomará su trabajo el lunes a las 10 con la recepción de los testimonios de empresas, asociaciones, ONGs y otros sectores de la sociedad.
