El Movimiento al Socialismo (MAS), partido del exmandatario boliviano Evo Morales, presentó ayer sábado un proyecto de ley en el Senado para dar inmunidad al ex gobernante indígena y los antiguos miembros de su gobierno, una iniciativa que fue rechazada por el oficialismo y la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
La medida fue presentada por la senadora quechua del MAS, Sonia Chiri, justo después de que la cámara alta aprobará por unanimidad un proyecto de ley consensuado para convocar nuevas elecciones.
Pretende, además, liberar a aquellos detenidos en protestas desde los comicios del 20 de octubre, indemnizar a las familias de los fallecidos en el conflicto y que el Estado dé los salvoconductos necesarios para las demandas de asilo de ex autoridades.
El rechazo fue también manifestado por Áñez que advirtió que no promulgará la norma.
“Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley. No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, aseguró la mandataria interina, citada por el diario El Deber.
Si bien afirmó que su Ejecutivo “no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”, este aceptará las decisiones de la justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos. “No vamos a participar escribiendo una historia de infamia”, cerró.
El MAS presentó este proyecto legislativo un día después de que el gobierno de facto denunciará formalmente ante la Fiscalía de La Paz a Morales por delitos de “terrorismo y sedición”.
Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al ex mandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia está basada en un video divulgado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde supuestamente el ex presidente fomentaba los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo.
Murillo había calificado este jueves la supuesta orden de Morales como “crimen de lesa humanidad” por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.
Sin embargo, el gobierno interino optó finalmente por presentar la acusación ante la justicia boliviana, que también inició investigaciones contra otros miembros del MAS.
El ex mandatario se vio forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre bajo presión militar y después de que la oposición denunciara que logró la reelección en los comicios del 20 de octubre de manera fraudulenta.
Tras presentar la renuncia se marchó al exilio en México y Áñez se proclamó a la cabeza del Poder Ejecutivo durante una sesión parlamentaria sin quórum y con la promesa de llamar a elecciones en el menor tiempo posible.
