La teniente de fragata Carmen Quinteros Giménez, de 33 años, tiene un currículum intachable dentro del ejército de Paraguay. Fue la que se graduó con mejor calificación en su promoción, nunca tuvo una falta en su carrera y sus superiores confiaban en ella. Hasta que en 2017 fue madre y todo cambió. La mujer pidió que la exoneraran de las guardias de 24 horas para poder amamantar a su bebé y se lo negaron. Tras hacer una denuncia en la justicia civil, la situación empeoró: la condenaron a prisión domiciliaria por 45 días.

Su caso desató un escándalo en el país. Según sus comandantes, que insisten en que la militar cometió un error, el problema no fue que haya pedido licencia de lactancia, sino que haya hecho pública su queja. Por eso, su reclamo le costó un sumario por “calumnias y faltas contra la disciplina militar”.

Apenas se dio a conocer esta historia, en 2017, los militares paraguayos llevaron adelante una campaña mediática para desprestigiar a Quinteros, a la que acusaron de haber mentido frente a las autoridades civiles.

Pero la teniente no estaba sola. Grupos feministas locales acompañaron su reclamo y se movilizaron para hacer escuchar su voz. La fiscal para la Niñez Monaliza Muñoz señaló en diálogo con la BBC que su caso fue un hito. “Se abrieron las puertas para que los derechos de miles de mujeres y niños sean respetados”, recalcó.

Gracias al reclamo de Quinteros, fue posible la reglamentación de la obligatoriedad de la lactancia, el monitoreo constante de las empresas, la estabilidad laboral postparto, entre otras normativas. Hasta las propias Fuerzas Armadas instalaron salas para que sus oficiales pudieran amamantar y sistematizaron los permisos de maternidad y paternidad.

“Es una heroína, nos trajo beneficios incalculables. Pero la única que no fue beneficiada fue ella”, reprochó Muñoz. Finalmente, la Corte Suprema de Paraguay ratificó la semana pasada el fallo de la Corte Suprema de Justicia Militar y la teniente deberá permanecer un mes y medio cumpliendo la pena en su casa.

El abogado de la militar, Carlos Mendoza, destacó que su clienta no cometió ningún delito. “Es una sanción disciplinaria que aún no se ha cumplido y aún no sabemos si va a tener que cumplir, pues ya ha pasado mucho tiempo”, adelantó. Y aclaró que llevaran la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el Gobierno paraguayo se mostró indiferente. El presidente, Mario Abdo Benítez, aseguró que no puede “ir contra ley”, a pesar de que puede intervenir en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La única que mostró algo de solidaridad fue la ministra de la Mujer, Nilda Romero, que anunció este lunes que le pedirá al ejército que no apliquen la sanción contra la teniente.

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