Hace casi un año que la Comisión Vecinal y el Consorcio de la chacra 150 de Posadas lucha contra una obra ilegal que fue levantada en la esquina de Tacuarí y Eva Perón.

Luego de varias investigaciones que se llevaron a cabo por parte de los abogados del Consorcio de la Chacra, llegaron a la conclusión de que el imputado por usurpar el terreno, Carlos A. no contaba con las documentaciones correspondientes que demuestren que legalmente es dueño del terreno en disputa y que contaba con el permiso para construir en dicho espacio.

En diálogo con Misiones Online, Lidia González, administradora del Consorcio de co-propietarios de Chacra 150, dijo que el barrio cuenta con 432 departamentos y 21 edificios. La obra en disputa se emplaza en los espacios comunes de la chacra y las veredas.

Por este motivo, realizaron una denuncia a través de Obras Privadas para que intervenga y procedan a investigar sobre la obra ilegal en construcción.

Luego de casi un año de lucha, esta semana la Cámara de Apelaciones en el ámbito del Tribunal de Faltas finalmente hizo lugar a la demanda del consorcio de la chacra 150 de Villa Cabello: ratificó un fallo en primera instancia y ordenó demoler una construcción levantada en un espacio común.

“La obra fue levantada por personas que no viven en el barrio y, además de generar obstáculos para los habitantes del lugar y evitar la libre circulación de miles de personas en el corazón de Villa Cabello, provocaron daños en la estructura del salón comunitario de dicho barrio” manifestó González.

Asimismo, los vecinos dijeron a Misiones Online que el edificio en cuestión perjudica el ingreso y salida del barrio, entradas y salidas de vehículos de emergencia, como ambulancias bomberos y demás.

obra ilegal

La obra.

“El señor que usurpó se atribuía como propietario, sin embargo a través de investigaciones lograron constatar que todo era falso. La municipalidad solicitó permiso de ocupación, plano de obras y el usurpador no tenía nada” dijo González.

Además, aseguro que, como la obra no estaba planificada, dañó cableados subterráneos y cloacas.

“La gente sabe que hay un consorcio legalmente construido que puede denunciarle y ante eso va a tener que pagar lo que corresponda, como en el caso de la esquina.  Tenemos un abogado que nos acompaña. Esto requería una investigación paso a paso y el IPRODHA nos facilitó toda la documentación para que el poder sea otorgado a los abogados para que corrobore la autoridad legal del consorcio” explicó González.

Antes en el sector de la construcción, había una pizzería que según los testimonios de los vecinos, también era ilegal. Luego el dueño del local falleció y cedió el espacio al supuesto nuevo dueño, Carlos A, que en base a las investigaciones no cuenta con ningún documento que avale tal compra.

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