Pese a que los talibanes, que gobiernan Afganistán desde hace más de una semana, afirman que cambiaron y no buscarán vengarse, aparecen los primeros informes de ejecuciones y búsquedas “puerta por puerta” de opositores. Según denunció Human Rights Watch, los talibanes fusilaron y degollaron a un famoso comediante que se burlaba de ellos en TikTok, Nazar Mohammad. 

Los talibanes fusilaron y degollaron a un famoso comediante que era conocido como Khasha Zwan en TikTok, donde hacía bromas y parodias de forma cotidiana, en general a través de canciones. Algunos de sus chistes criticaban duramente a los yihadistas.

El crimen ocurrió el 22 de julio, pero en los últimos días se viralizó un video donde se ve al humorista en un auto, rodeado de talibanes armados con AK-47. Fue el día en el que lo secuestraron en su casa de Kandahar, y el último registro del comediante con vida. En las imágenes Mohammad se sigue burlando de ellos. Su irreverencia hace enojar a uno de los talibanes que lo abofetea varias veces. Poco después lo encontraron con las manos atadas en la espalda, acribillado de balas y con la garganta cortada.

“Al parecer, las fuerzas de los talibanes ejecutaron a Khasha Zwan porque se burlaba de los líderes talibanes”, dijo Patricia Gossman , directora asociada para Asia de Human Rights Watch. “Su asesinato y otros abusos recientes demuestran la voluntad de los comandantes talibanes de aplastar violentamente incluso las críticas u objeciones más dóciles”.

Aunque al principio los insurgentes negaron haber cometido el crimen, terminaron aceptando su autoría y reconocieron que los dos hombres sí eran talibanes. El vocero del grupo Zabihullah Mujahid dijo que ambos habían sido arrestados con el fin de juzgarlos.

En un intento de justificar el crimen, Mujahid también sostuvo que el cómico fue miembro de la Policía Nacional Afgana y había estado implicado en la tortura y el asesinato de talibanes. Mujahid dijo que los talibanes deberían haber arrestado al cómico y llevarlo ante un tribunal talibán, en lugar de matarlo.

La brutalidad de la matanza aumentó los temores de ataques de venganza. También socavó las garantías de los talibanes de que las personas que trabajaban para el gobierno, las fuerzas armadas estadounidenses o las organizaciones estadounidenses no sufrirían ningún daño.

Según algunos informes, los talibanes retienen a cientos de personas en las zonas que conquistaron. Se incendiaron escuelas y se habla de que en algunas zonas se impusieron restricciones a las mujeres similares a las que estaban en vigor cuando los insurgentes gobernaron Afganistán por última vez, entre 1996 y 2001. En ese entonces, habían negado a las niñas el acceso a las escuelas y prohibido que las mujeres trabajaran.

La ONU denunció “ejecuciones de civiles”

Este martes, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que su oficina recibió informes “creíbles sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional y ataques contra los derechos humanos en numerosas zonas bajo control talibán”.

Se trata, entre otros, de “ejecuciones de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas (…), restricciones de los derechos de las mujeres (…), reclutamiento de niños soldados y represión de manifestaciones pacíficas”.

“Las violaciones de derechos humanos minan la legitimidad de sus autores frente a la población y también frente a las instituciones regionales e internacionales y frente a otros Estados”, dijo la responsable.

“Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos”, dijo la responsable.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este martes una resolución sobre Afganistán en la que subraya la “necesidad de investigar rápidamente y de manera transparente” todas las alegaciones de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional “cometidas por las diferentes partes del conflicto, y que los responsables rindan cuentas”.

Pero el texto, adoptado por consenso tras una reunión extraordinaria del organismo, no prevé un mecanismo internacional de investigación y se limita a pedir a Bachelet que presente un informe el primer trimestre de 2022.

Fuente: TN

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