El número global de ejecuciones disminuyó un 31% en 2018, la cifra más baja registrada en al menos una década, según el informe anual que Amnistía Internacional publicó este miércoles sobre la pena de muerte en el mundo.

El año pasado, un total de 690 personas perdieron la vida debido a este tipo de condena, en comparación con las 993 documentadas en 2017. La organización celebró este descenso global en la presentación del análisis este miércoles en Londres, pero alertó de que varios países, entre ellos Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos, han experimentado un incremento de esta práctica.

En términos generales, China sigue siendo el país que encabeza el número de ejecuciones, seguido de Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Irak.

Según Amnistía, el informe evalúa las ejecuciones conocidas en todo el mundo, excepto en el gigante asiático, que no proporciona cifras oficiales por considerarlas secreto de estado. La organización estima que las ejecuciones allí se cuentan por miles cada año.

Tras China, Irán ocuparía el segundo puesto con al menos 253 muertes, le seguirían Arabia Saudita (149), Vietnam (85) e Irak (52).

En Irán, un cambio en la legislación sobre antinarcóticos ha llevado a que se reduzca en un 50% el uso de la pena de muerte, mientras que en Irak, Pakistán y Somalia también hubo un retroceso significativo respecto al ejercicio anterior.

El secretario general de AI, Kumi Naidoo, afirmó que, pese al retroceso en determinados estados, el número de ejecuciones en algunos de ellos con las cifras más elevadas ha disminuido significativamente, lo que calificó como “signo esperanzador” porque indica que es “cuestión de tiempo” que acaben con la pena de muerte.

“La dramática caída global en las ejecuciones demuestra que incluso los países más reticentes están empezando a cambiar su forma de ser y se dan cuenta de que la pena de muerte no es la respuesta”, dijo Naidoo en un comunicado.

En la vertiente menos positiva, AI constató un incremento de las ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y los Estados Unidos. Además, Tailandia realizó su primera ejecución desde 2009 y el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, anunció que las reanudaría después de más de cuarenta años sin practicarse.

“Las noticias positivas de 2018 se han visto empañadas por un pequeño número de estados que están vergonzosamente decididos a confrontar esta tendencia”, destacó Naidoo, que precisó, no obstante, que se trata de una “minoría decreciente”.

Una de estas excepciones es Egipto, donde el número de condenas a muerte se elevó en más del 75 %, de unas 402 en 2017 a al menos 717 en 2018.

AI indicó que este incremento puede atribuirse a “la terrible trayectoria de las autoridades egipcias por haber dictado sentencias de muerte en masa después de juicios sumamente injustos, a menudo basados en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura e investigaciones policiales defectuosas”.

Las ejecuciones realizadas el año pasado fueron por decapitación (Arabia Saudita), electrocución (Estados Unidos), ahorcamiento (Afganistán, Japón, Singapur), inyección letal (China, Estados Unidos, Tailandia) o fusilamiento (Corea del Norte, Yemen).

La ONG registró 2.531 condenas a la pena capital (sin contar China), frente a 2.591 en 2017, lo que lleva a 19.336 el número de personas que esperan en los corredores de la muerte.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre, 121 países, un número sin precedentes, votaron a favor de una moratoria mundial sobre la pena de muerte y tan solo 35 se pronunciaron en contra.

“Todos queremos vivir en una sociedad segura, pero las ejecuciones nunca son la solución. Con el apoyo continuo de personas de todo el mundo, podemos (y lo haremos) poner fin a la pena de muerte de una vez por todas”, sostuvo Naidoo.

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