San Ignacio: desde la comuna admiten que hay explotación sexual infantil en la localidad y la Justicia adelanta que irá a fondo con la investigación

La Justicia y la Policía adelantaron que irán a fondo. Esas pequeñas, al parecer, ejercían allí la prostitución a las órdenes de un remisero de 56 años, que incluso habría ofrecido 20 mil pesos a un oficial de la fuerza de seguridad provincial para que no lo detuvieran.
El sumario del caso aún lo tiene la Policía y en las próximas horas será elevado al juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo de Ricardo Balor, quien indagará al sospechoso.
Hasta el momento habría suficientes elementos para imputar al hombre el delito de corrupción de menores. Pero los cargos en su contra podrían sumarse con el correr de las horas.
El propio intendente de San Ignacio le dijo ayer a la prensa posadeña que “hay explotación sexual de menores y también venta de droga en inmediaciones de las Reducciones Jesuíticas”, el principal atractivo turístico de la localidad.
Esteban Romero fue un poco más lejos y afirmó que ya informó a la Policía los 18 sitios donde comercializarían estupefacientes en el pueblo.
En las últimas horas, circuló la versión de que en la casa donde rescataron a las pequeñas de entre 12 y 14 años también habrían obligado a prostituirse a chicas de la comunidad mbya. Sobre este punto, el alcalde aclaró que no tenía datos de que niñas aborígenes “sean parte de esta problemática, pero hay explotación de menores. La pobreza lleva a entregar a las menores a la prostitución”. Hasta ahora no ubicaron a las nenas presuntamente obligadas a prostituirse.
Además del sumario, en los próximos días serán enviados al juez los informes de las pericias que se están haciendo a la computadora y al pendrive que le incautaron al sospechoso. También se analizarán las cámaras de seguridad del casino del pueblo para determinar si el remisero “ofrecía” a las chicas en esa zona.
El allanamiento del viernes se hizo en una residencia de la calle Paraguay, en el barrio Pueblo Viejo. La Policía requisó el lugar luego de una investigación de más de tres meses. Halló, además de las jovencitas, preservativos, 75.200 pesos, ocho celulares,  un auto VW Gol, prendas de vestir femenina, botellas de cerveza y colillas de cigarrillos.
La sospecha es que Rafael I. ofrecía ropa, dinero y mercaderías a personas de escasos recursos a cambio de llevarse a las chicas para explotarlas sexualmente. Será el juez Balor el encargado de dilucidar si esto es cierto.