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La procuradora general Alejandra Gils Carbó tiene escrito el dictamen pidiendo la inmediata liberación de Milagro Sala, detenida desde hace 14 meses en Jujuy y acusada de media docena de delitos que van del fraude a las amenazas pasando por la asociación ilícita. Quizás sabiendo que la Corte Suprema no tomará en cuenta sus argumentos, Gils Carbó entregará su dictamen y la dará difusión pública en el momento en que pueda causar mayor impacto político.
Es lo que dicen fuentes vinculadas a la defensa de Milagro Sala, que se articula con el comando superior de Cristina Kirchner.
La Corte Suprema está dudando entre fallar sobre la situación de la piquetera jujeña antes de que en mayo llegue al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para así dar por cerrado el caso, o hacerlo después que concluya la visita de la CIDH, para evitar una remezón política anticipada. En cualquier caso, su decisión se orienta con firmeza hacia mantenerla detenida pero otorgarle la prisión domiciliaria, como se anticipó en Clarín.
Es lo que dicen fuentes judiciales y políticas con acceso directo a los interesados en este asunto.
Más allá de consideraciones de conveniencia política, oficialista u opositora, quienes conocen la situación personal de la jefa del antes poderoso Movimiento Tupac Amaru sostienen que la prisión domiciliaria sería para ella un gran alivio. La describen quebrada emocionalmente por la detención y desarticulada en lo político porque su organización entró en desbande, con ella presa y sin el flujo generoso de dinero que llegaba desde la Casa Rosada cuando allí mandaba Cristina.
Alrededor del caso Milagro Sala se edificó un escenario de confrontación entre el gobierno de Mauricio Macri y la CIDH, donde influye un fuerte trabajo de lobby del kirchnerismo, que se ejecuta desde el CELS, conducido por el periodista Horacio Verbitsky, y con el juez Raúl Zaffaroni como principal figura pública. La pulseada es constante.
Al Gobierno lo desacomodó la convocatoria de oficio que la CIDH hizo a la Argentina por su decreto de control migratorio. Fue el lunes 20 de marzo y la posición oficial fue defendida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La CIDH terminó considerando una “regresión” esa medida de Macri. A la misma audiencia de oficio fue convocado Estados Unidos, por su nueva política migratoria. Pero a nadie del gobierno de Donald Trump se le ocurrió siquiera aparecer por la sesión.
Pero quienes siguen de cerca estos asuntos indican que los esfuerzos de los opositores al gobierno Macri –antes fervorosos defensores del gobierno de Cristina- no alcanzaron para lograr que la CIDH produjera una medida cautelar a favor de Milagro Sala en todo su tiempo de detención. Esto se debería a las tensiones que también existen al interior de ese cuerpo que depende de la OEA, donde países como Estados Unidos, Colombia y México actúan de contrapeso a las posturas populistas de otros gobiernos de la región.
La escalada de la disputa alrededor de Milagro Sala –tomada como símbolo de la supuesta criminalización de la protesta social que ejercería Macri- ha hecho que organismos globales como Amnistía Internacional, cuyo capítulo argentino dirige Mariela Belski, se hayan preocupado en las últimas semanas por tomar prudente distancia de los dos extremos de la reyerta.
Amnistía sigue reclamando la liberación de Sala por considerar que su detención original fue arbitraria. Pero se cuida de hacer suyas las razones políticas del lobby kirchnerista que la defiende. Para poner en acto esa toma de distancia, la abogada Belski nunca viajó a Jujuy para visitar a Sala, excluyéndose de una peregrinación organizada desde Buenos Aires –en Jujuy parece no haber igual devoción por la detenida- que ya incluyó a cerca de tres mil dirigentes políticos y sociales.
Otra vacuna de prudencia se aplicó Amnistía cuando su directiva local se reunió días atrás con el ministro de Justicia, Germán Garavano, Criticaron el actual sistema de selección de representantes ante los organismos de derechos humanos; y más puntualmente la designación del abogado Carlos de Casas, vinculado al dirigente radical Ernesto Sanz, para integrar la CIDH. Pero al mismo tiempo tomaron nota de los avances del Gobierno en el Plan de Desarme, una iniciativa para registrar y eliminar las armas no autorizadas que están en manos de civiles.
Mientras estos minués se bailan en los salones internacionales, en las milongas de los tribunales locales parece empezar a pisar más fuerte el Gobierno. Está empezando a sacarle jugo a su estrecha condición mayoritaria en el Consejo de la Magistratura; obtenida el año pasado con una maniobra, polémica pero eficaz, que le permitió colocar al diputado del PRO Pablo Tonelli en ese cuerpo estratégico.
Así, en la última sesión de la Magistratura el oficialismo logró designar al juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, como subrogante en el juzgado 1 de La Plata, que tiene competencia electoral. Será quien desde la Justicia ordene y controle las elecciones de octubre. El peronismo y el kirchnerismo perdieron una cuota significativa de poder. Culotta, considerado un juez que no se mete en política, es un ex alumno del Cardenal Newman, como Macri y más de media docena de sus ministros y secretarios.
Además, quienes caminan la entretela del Consejo aseguran que el camarista federal Eduardo Freiler será suspendido el 18 de abril. Para esa fecha lo citó a virtual declaración indagatoria la Comisión de Acusación. A partir de ese momento Freiler quedará sometido a juicio político y camino a su eventual destitución.
Hacen falta nueve de los trece votos en el Consejo para remover a un magistrado. Siete de esas voluntades ya estuvieron en la sesión de acusación, incluyendo a los dos jueces que integran esa Comisión y que desoyeron la petición de clemencia de un grupo de magistrados federales para los cuales Freiler, de larga trayectoria, es una referencia. El Gobierno confía en asegurar los dos votos que faltan.
Además de estar a punto de ser enjuiciado por el Consejo de la Magistratura bajo el formato de “mal desempeño de sus funciones”, este camarista está en proceso judicial por enriquecimiento ilícito. Es por una doble decisión de la Cámara Federal que él mismo integra, y de la Cámara de Casación, que revocaron el sobreseimiento que le había otorgado en marzo del año pasado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y rechazaron las posteriores apelaciones.
Un artículo del periodista Claudio Savoia precisó en Clarín que según la investigación de la Magistratura a Freiler le encontraron 19 propiedades en la provincia de Buenos Aires, además de la mansión de 1.200 m2 frente a la quinta presidencial de Olivos, más otra veintena de propiedades a nombre de familiares; ocho autos –algunos de altísima gama-, tres embarcaciones y participación en media docena de sociedades. Una bicoca.
Freiler, integrante del dispositivo kirchnerista en la Justicia, es uno de los camaristas que rechazó dos veces abrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina por encubrimiento en el caso AMIA. El otro que firmó con él esa doble decisión fue Jorge Ballestero.
Casi tan inquietos como Freiler quizás se encuentren Daniel Rafecas o Rodolfo Canicoba Corral, jueces federales a quienes el Gobierno puso en la mira de su propósito oxigenador de la Justicia, hasta ahora tan declamado como escasamente concretado.
Los jueces son artistas en la disciplina de cuidar el propio trasero. Ni los ahora “buenos” ni los ahora “malos” escapan de esa regla. Quien más, quien menos, ha sabido administrar tiempo y contenidos de los expedientes, tanto como intercambiar gentilezas con el poder de turno. Por supuesto, actuando siempre según lo ordena del Derecho.
Por eso algunos, con cierta ligereza, podrían considerar eslabones de una misma cadena a dos episodios de la última semana.
Uno, el sobreseimiento al presidente Macri que Rafecas decidió en la causa que investiga un acuerdo con Qatar para crear un fondo de inversiones.
Dos, el sobreseimiento a Gustavo Arribas, jefe de los espías estatales, que firmó Canicoba Corral al decidir que las transferencias desde una financiera apuntada por el Lava Jato, el megaescándalo de corrupción en Brasil, en relación al amigo personal del Presidente no presentan siquiera “una apariencia de delito”.
Los que suponen que así Rafecas y Canicoba Corral buscaron ponerse al abrigo de una tormenta inminente no conocen a esos jueces. Ni a Macri.
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