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El desalojo del piquete en la Panamericana el jueves había sido celebrado por Mauricio Macri, con felicitación a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Fue tomado como un punto de inflexión y en línea con una de las consignas de las marchas de respaldo al Gobierno, más allá de que en Nación ya se mostraban más activos que en Ciudad para frenar los cortes, lo que provocaba diferencias. Horacio Rodríguez Larreta había mostrado también en la jornada del paro una postura más dura y marcó un quiebre anteanoche con la represión a la instalación de la carpa docente, frente al Congreso. Funcionarios macristas se apoyaron en las encuestas para sostener la posición, aun cuando el episodio funcionó como un motivo para unificar a los opositores y reavivó el conflicto con los gremios, que volvieron a convocar a un paro.
De acuerdo con una encuesta que analizaron en la Casa Rosada, a la que accedió Clarín, el endurecimiento de ambas administraciones -que comenzaron a actuar en conjunto- con las protestas parte en buena medida de un respaldo que excede al electorado de Cambiemos: un 63% rechaza los cortes de rutas y calles, contra un 36% que los acepta, según ese relevamiento, de la última semana de marzo. Entre los que ponderan la gestión de Macri, 91% contra 6%; y entre los que la desaprueban, un 45% contra 49%. “La mayoría apoya claramente que no permitamos los cortes”, dijo a Clarín un integrante del Gabinete, y además de los problemas para circular enumeró como desencadenantes los mismos hechos que para el Gobierno habían dado volumen a las marchas del 1° de abril: el final de la movilización de la CGT previa al paro; los discursos por el Día de la Memoria, en especial el de Hebe de Bonafini y la apelación de Pablo Micheli a que “caiga el modelo económico” en el acto de la CTA, entre otros.
Hasta el mes pasado, el macrismo -y en especial Rodríguez Larreta- tenía más tolerancia frente a las protestas, con el objetivo de evitar potenciar aún más el conflicto social. Tanto en público como en privado, los funcionarios repitieron dos argumentos para justificar la represión del domingo: remarcaron la falta de autorización de los docentes para instalar la carpa (Eduardo Pereyra, secretario de Relaciones Internacionales de CTERA, había notificado un acto) y adjudicaron a los gremios el intento de prolongar el conflicto. “Dejan las aulas vacías porque no estaban cumpliendo con la ley. Cuando un oficial da una orden la tenemos que obedecer. Pedimos que buscaran una alternativa al paro, pero no de cualquier manera”, dijo el ministro de Educación, Esteban Bullrich, luego de que Sonia Alesso -titular de CTERA- anunciara la convocatoria para hoy a un nuevo paro nacional. “La policía actuó de manera defensiva ante un grupo minúsculo que produjo provocaciones, empujones y demás”, buscó relativizar Diego Santilli, vice jefe de Gobierno porteño. A su vez, procuraron quitarle legitimidad a la protesta al atribuirla al kirchnerismo. “Otra vez (Roberto) Baradel, que necesita estirar el conflicto hasta las elecciones internas”, repetían ayer en la Casa Rosada, y difundieron que Miguel Acuña, uno de los detenidos, fue candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad.
Sobre los efectos políticos, los funcionarios desestimaron el aglutinamiento de los opositores: “Por más que encuentren este motivo circunstancial, están muy divididos”. Y se escucharon matices sobre el endurecimiento frente a las protestas. “Está bien mostrar que hacemos cumplir la ley. Lo del día del paro y lo del domingo fue cuidado, creo que tenemos que ir midiendo cada situación”, dijo un ministro a este diario. Otra parte de la encuesta acaso avale esa precaución. Ante la pregunta sobre la liberación del tránsito ante una marcha o protesta, el 66% se pronunció a favor y el 30% en contra; sobre la represión a los manifestantes que no levanten los cortes, un 37% a favor y un 58% en contra; y sobre la represión aun con presencia de mujeres y niños, un 21% a favor y un 71% en contra.
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