Formalmente, lo que sucedió es que por estas horas, la empresa estatal Corredores Viales, que la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego, revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario. Como se dijo, los valores actuales se multiplicarán por tres.
Pero esa no es la única novedad sino que además, en la discusión tarifaria que se inicia se colocará una fórmula de actualización para modificar mensualmente se refleje en el precio de los peajes. A partir de junio, la indexación tendrá una fórmula copiada a la que se decidió para la electricidad, con un índice que tomará en cuenta a los salarios y la inflación.
Los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. Se trata de 10 corredores troncales, donde está incluida la autopista Ezeiza Cañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Justamente de esa medida, y de la necesidad de mantener la operación de la traza, nació Corredores Viales que, cuando se dieron de baja aquellos contratos de PPP, pasó a ser el empleador de los trabajadores que pertenecían a las firmas privadas. Este aumento del peaje, cuyo proceso se inicia, no es una medida aislada sino que se enmarca en un profundo saneamiento a la que será sometida la empresa estatal.
La empresa que maneja los peajes se convirtió en un enorme organismo que, ni siquiera, tiene claro la cantidad de trabajadores que cobran todos los meses. De hecho, el nuevo presidente, José Luis Acevedo, un hombre que viene de la firma “prima hermana porteña”, Autopistas Urbanas, ha llegado a un número aproximado pero no definitivo. El punto de indefinición está dado en que había centenares de contratos temporales que elevaban el número. “Más o menos, 4200″, contestan en la compañía.
Uno de los principales problemas de Corredores Viales, que ahora quedó bajo el ámbito de la Jefatura de Gabinete, es que siempre tuvo encima el peso de Vialidad Nacional, la rectora de las rutas argentinas que siempre vio con recelo la creación de otro organismo, en este caso, una empresa, que le quite funciones y protagonismo. Las dos están unidas por tres contratos que limitan fuerte la posibilidad de gestión autónoma en Corredores. Por caso, es imposible autorizar cualquier explotación en la ruta, por caso una estación de servicio, sin que Vialidad de el visto bueno. La nueva administración ambiciona llegar a un contrato, dar de baja dos y recuperar facultades para dotar de agilidad a la empresa.
Por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.
Ahora bien, para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los 900 pesos que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.
La reestructuración tiene varias estaciones. Como se dijo, la primera es subir la tarifa. Luego vendrá otra pelea con los trabajadores: lograr que aumente el número de los vehículos que pagan respecto de los que pasan. Un caso como para ilustrar. De los registros de la empresa surge que en 2023, por la autopista Ezeiza-Cañuelas pasaron 18.000 autos de bomberos, algo así como 50 por día. Un número demasiado alto.
Sucede que cuando hay un gran porcentaje de automovilistas que no esperan el comprobante. Por lo tanto, muchos peajistas accionan un botón que se usa para servidores públicos, como policías o bomberos, y nunca se registra el pago. De acuerdo a datos de la compañía, hay cabinas de peajes en las que existe un tercio de quienes pasan que no pagan la tarifa.
Luego se vendrá la revisión de los contratos con los prestadores de servicios, como por ejemplo, quienes cortan el pasto en las banquinas. Ahí también se encontraron algunos números elevados.
Para el final, la llegada de los sistemas de cobro digitales, prácticamente desactivados en la traza de 6000 kilómetros. Será una dura pelea con Facundo Moyano, el hombre fuerte del gremio que maneja los trabajadores de las cabinas. Con información de La Nación.
Fuente Mol
