La familia del adolescente que murió tras desvanecerse durante una práctica de kickboxing, se presentará como querellante para participar activamente en la investigación judicial.
La familia de Juan Ignacio Acosta, el adolescente de 16 años que falleció el pasado 18 de febrero tras desvanecerse durante un entrenamiento de kickboxing, decidió constituirse como querellante particular en la causa que investiga las circunstancias del hecho. La presentación formal se realizará en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón, con la representación legal del estudio de abogados Zapana-Tilli.
Hugo Zapana, abogado que encabeza la querella, confirmó que ya se presentó el pedido formal ante la Justicia. “Hemos presentado toda la documentación y el escrito de pedido de constitución de querella. En tres días hábiles estaremos oficialmente en funciones y podremos actuar dentro de la causa”, explicó en diálogo con la prensa.
La figura del querellante particular permite a los familiares de la víctima participar de manera activa en la investigación, solicitar nuevas medidas probatorias y eventualmente acusar a los responsables si se determina que hubo delito. “El fiscal representa a la sociedad, pero muchas veces el trabajo es insuficiente. El querellante permite que la víctima o sus representantes coadyuven en la investigación para garantizar que se esclarezca la verdad”, precisó Zapana.
La investigación busca determinar cómo se produjo el hematoma subdural agudo que provocó la muerte del joven. La autopsia confirmó que la lesión cerebral fue causada por un traumatismo en la cabeza. Según explicó el abogado, la familia tiene acreditado que días antes del hecho, Juan Ignacio habría participado de una pelea con un boxeador más experimentado que debió ser detenida por la violencia ejercida contra el adolescente.
“Tenemos información que señala que días previos a su descompensación, Juani participó de un combate con un boxeador mayor y que el propio profesor del rival pidió disculpas por la violencia ejercida. Pocos días después, lo utilizaron como sparring durante seis rounds con otro boxeador experimentado, siendo él un chico de 16 años. Eso lo tenemos probado por escrito”, detalló Zapana.
El abogado enfatizó que la investigación debe apuntar tanto a las acciones como a las omisiones que pudieron haber contribuido a la tragedia. “Un delito puede cometerse por acción o por omisión. Si alguien tiene a su cargo la integridad de otra persona y no toma las medidas necesarias para evitar daños, también es responsable”, afirmó.
La querella solicitará que se investigue a los profesores, responsables del gimnasio y participantes de los entrenamientos en los días previos a la descompensación de Juani. “La familia quiere justicia. No hay ningún interés económico detrás de esto. Solo buscamos que los responsables paguen con la pena que corresponda para que esto no vuelva a pasar”, subrayó el letrado.
En cuanto al gimnasio donde ocurrió el hecho, Zapana indicó que si bien cerró sus puertas por algunos días tras la muerte del adolescente, no hay constancia oficial sobre si volvió a abrir sus puertas. También instó a los padres a estar atentos a las condiciones en las que se desarrollan las actividades deportivas de sus hijos. “Los deportes de contacto tienen riesgos, pero es responsabilidad de los instructores garantizar la seguridad de los practicantes”, concluyó.
El padre de Juan Ignacio será citado a declarar en los próximos días como testigo para aportar información relevante a la causa, mientras la Justicia continúa con las medidas para esclarecer lo ocurrido.
Con información de Mol
