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La Oficina Anticorrupción (OA) avanza rápido en su investigación sobre la gestión de Alejandro Cacetta al frente del INCAA, a partir de las denuncias que hizo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Antes de fin de mes planea hacer las primeras denuncias administrativas y judiciales, en base a sospechas de corrupción y violaciones a la Ley de Etica Pública.
Las principales irregularidades detectadas fueron el desdoblamiento de facturas para pagar sobreprecios y evitar concursos de precios en el INCAA y en las reformas de su escuela de cine ENERC; contrataciones directas “de urgencia” en gastos presupuestados de festivales, traslados y hotelería. “Todo eso figura en el presupuesto y debían licitarlo”, afirmó una fuente del organismo de control.
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La mayoría de esos posibles delitos habrían sido cometidos por el entonces gerente de Administración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Raúl Seguí, que venía de la gestión anterior a la de Cacetta, y que fue echado recién por el nuevo presidente Ralph Haiek.
“Esto del INCAA no es como funciona normalmente la administración pública”, dijo una fuente de la OA. Y agregó: “Como no podían hacer una compra directa por varios millones, subdividieron los gastos de obras y reformas en la ENERC. Tenemos una refacción que estaría toda concentrada en dos proveedores”. Y uno de los proveedores entregó facturas correlativas, así que trabajaba casi exclusivamente para el INCAA, “lo que hace dudar de su capacidad técnica”.
El organismo de control también analiza la contratación de la sala de cine Artecinema, donde el entonces rector de la ENERC, Pablo Rovito, tiene una participación accionaria. “Eso estaría en el límite del conflicto de interés, porque no fue Rovito el que tomó la decisión, aunque era funcionario del INCAA”. Rovito es otro de los funcionarios que renunciaron luego del desplazamiento de Cacetta.
Denuncian que el ex titular del INCAA contrató por $ 21 millones a uno de los accionistas de la empresa donde trabajaba
Hay una contratación que hizo Cacetta en forma directa al laboratorio Cinecolor, para que ahí funcione la Cinemateca Nacional, que “podría ser una violación a la Ley de Etica Pública”, afirmaron en la OA. Cacetta fue el gerente financiero de la productora Patagonik justo antes de asumir al frente del INCAA. Y Cinecolor es uno de los tres accionistas de Patagonik. El contrato que el mes pasado firmó Cacetta con Cinecolor fue por $ 21 millones, a pagar en tres años, y ya se pagaron $ 600.000 del depósito.
“En el INCAA nos aseguraron que existe ese contrato. Lo pedimos. Esta semana tienen que enviarlo”, explicaron en la OA. Y añadieron: “Lo extraño es que Cacetta se había presentado el año pasado en la Oficina Anticorrupción para ver cuáles eran los límites; y se le había planteado que debía abstenerse de intervenir en las sociedades donde había trabajado. Es inexplicable por qué firmó ese contrato con Cinecolor”.
La OA tiene a cuatro personas trabajando en esta causa sobre la gestión Cacetta y acumuló 200 expedientes con posibles irregularidades. “No vamos a esperar a tener todo. A medida que vayamos cerrando algunos temas, vamos a ir presentando denuncias ante la Justicia y vamos a pedir sumarios administrativos”, aseguró una fuente de la OA.
Más allá de cómo se resuelvan esas denuncias, el organismo de control ya está trabajando con el INCAA en “elevar los estándares de transparencia, adecuando sus procedimientos internos al máximo nivel de control del Estado”.
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