El Juzgado Federal N° 1 de Formosa dio inicio hoy a un juicio oral y público que podría sentar un precedente en la protección de especies en peligro en la Argentina.
Cuatro hombres están acusados de cazar y carnear a un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo, en julio del año pasado, un hecho que conmocionó a la provincia y puso en evidencia la grave crisis ambiental que atraviesa el Gran Chaco.
En esta región quedan menos de 20 ejemplares de la especie, mientras que en todo el país se estima una población de apenas 200. El tribunal, encabezado por el juez Pablo Moran, aseguró que garantizará “absoluta imparcialidad” en el proceso, con la participación del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes: la Administración de Parques Nacionales y la organización Red Yaguareté.
Según la investigación, el animal habría intentado alimentarse del ganado de los acusados, quienes lo mataron, colgaron, despellejaron y consumieron parte de su carne. Además, se fotografiaron con el cuerpo y compartieron las imágenes en redes sociales. Tres de los imputados llegan al juicio detenidos, algo poco frecuente en este tipo de delitos, y uno permanece en libertad.
El caso es observado con atención por ambientalistas, científicos y organismos internacionales. El tribunal calificó la causa como de “especial trascendencia” y remarcó la importancia de que el resultado marque un antes y un después en la aplicación de leyes ambientales.
La caza furtiva y la destrucción del hábitat por el avance de la frontera agropecuaria han llevado al yaguareté al borde de la extinción. Organizaciones advierten que, sin medidas urgentes, la especie podría desaparecer para siempre del Gran Chaco. Por eso, consideran que este juicio no solo busca justicia por un hecho puntual, sino que también es una oportunidad para que la sociedad tome conciencia y se refuercen las acciones de conservación.
El yaguareté, el felino más grande de América y un símbolo de la fauna argentina, ha visto reducida drásticamente su presencia en el país en las últimas décadas. Para los defensores del medioambiente, la sentencia que surja de este proceso será clave para demostrar si la Justicia está dispuesta a aplicar penas ejemplificadoras contra quienes atenten contra las especies protegidas.
