El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió una aclaración oficial respecto del alcance del Decreto Nacional 787/2025, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial, que derogó el Decreto 2417/1993 y eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados
La medida nacional, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, permite a los institutos privados del país fijar las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado, bajo el argumento de promover la libre competencia y la sostenibilidad económica de las instituciones educativas.
Sin embargo, el SPEPM aclaró que la norma no tiene aplicación práctica ni jurídica en Misiones, ya que la provincia mantiene su propio régimen de regulación y control de aranceles escolares, establecido por la Ley VI-46 (ex Ley 2987).
En su comunicado, el organismo provincial recordó que la administración de la educación privada fue transferida a las provincias en 1992, mediante la Ley Nacional 24.049, y que la Ley de Educación Nacional 26.206 ratificó esa autonomía.
Por eso, la autoridad misionera subrayó que “los establecimientos educativos de gestión privada deben continuar ajustando sus aranceles conforme a la normativa provincial vigente y no pueden invocar el Decreto 787/2025 como habilitante para modificar cuotas sin autorización”.
El texto también destacó que las resoluciones vigentes del SPEPM, que regulan bandas arancelarias, topes de incremento y procedimientos de autorización, conservan plena validez y eficacia jurídica hasta que una norma provincial las modifique.
Control provincial y equilibrio educativo
La aclaración del organismo se apoya en los artículos 53 a 58 de la Ley VI-46, que atribuyen al SPEPM la supervisión, clasificación y reglamentación de los institutos de enseñanza privada, incluyendo la determinación y control de los aranceles que estos perciben.
En ese marco, el SPEPM sostuvo que la desregulación nacional “no altera el régimen vigente en Misiones, ya que la materia educativa es de competencia exclusiva provincial”.
De esta manera, los colegios privados misioneros deberán seguir comunicando y solicitando autorización previa para cualquier modificación de matrículas o cuotas, bajo el esquema provincial que busca garantizar transparencia, equidad y sostenibilidad educativa.
