La decisión alcanza a 122 propiedades identificadas en la causa Vialidad y será ejecutada tras el rechazo a los planteos de las defensas. El Tribunal Oral Federal 2 ordenó avanzar con la recuperación de activos y remitir el proceso a la Corte Suprema para su administración y subasta.
La causa Vialidad avanzó después de la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de ejecutar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de otros condenados. La Corte Suprema de Justicia administrará y subastará los activos identificados. La medida se dispuso luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 quedara ratificada en junio.
El tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ordenó el decomiso ante el incumplimiento del pago solidario fijado en el expediente. El monto original era de $84.835 millones y se actualizó a $684.990 millones según cálculos de peritos contadores. El Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la ejecución debe avanzar para cumplir la condena.
Los bienes alcanzados por la decisión suman 122 inmuebles señalados como instrumentos o productos del delito. El Ministerio Público Fiscal los identificó como activos incorporados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 durante la maniobra fraudulenta. Entre ellos figuran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. También hay hoteles, terrenos y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Vínculo entre los bienes y la maniobra investigada en Santa Cruz
La medida también abarca un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. La sentencia consideró acreditado un circuito de beneficios indebidos vinculado a la obra pública en Santa Cruz. Los jueces describieron irregularidades en adjudicaciones, sobreprecios, cartelización y falta de controles que favorecieron al grupo de Báez. Según la resolución, ese flujo de fondos permitió un incremento patrimonial que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas. Las objeciones señalaban falta de nexo causal entre los bienes y el delito, sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y supuesta afectación de derechos de terceros. En la resolución se afirmó que el decomiso requiere una vinculación razonable con los beneficios de la maniobra, sin necesidad de una trazabilidad contable exacta.
El fallo también citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El texto reconoce la recuperación de activos como un principio fundamental. Los jueces señalaron que una interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en hechos complejos.
Después de la tasación de los bienes, el Tribunal Oral Federal 2 comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual uso institucional. Además, dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y llamó a garantizar que los fondos recuperados puedan cubrir el daño social, con foco en Santa Cruz.
