La jornada en los tribunales de Retiro marcó un punto de inflexión para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, formalizó la imputación contra el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por el presunto delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La secuencia se inició tras una fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI). El organismo detectó que, durante el periodo comprendido entre fines de 2024 y septiembre de 2025, la AFA operó como agente de retención de los aportes jubilatorios de sus trabajadores, pero no transfirió esos fondos al Estado.
El monto de la maniobra denunciada ascendió a $19.000 millones de pesos. Según el dictamen fiscal, el dinero que debió destinarse al sistema previsional se habría desviado para cubrir otros fines operativos de la institución.
El fiscal Navas Rial elevó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 5. Con esta decisión, la justicia ordenó las primeras medidas de prueba para determinar la trazabilidad de los fondos y la responsabilidad directa de los administradores.
La imputación se encuadró en el Régimen Penal Tributario, que establece penas de prisión para los directivos que retengan aportes de sus empleados y no los depositen dentro de los plazos legales establecidos.
El avance de esta causa no fue un hecho aislado. La imputación se produjo en la misma semana en que la justicia penal económica activó otros dos expedientes que involucran a la misma dirigencia.
En primer lugar, tenemos a la causa Pilar. La investigación sobre la adquisición de una propiedad de lujo cuyos fondos de origen no fueron aclarados y por otro lado, tenemos a la causa Sur Finanzas: El análisis de contratos de sponsoreo bajo sospecha de lavado de activos.
La jornada cerró sin declaraciones oficiales por parte de la entidad de la calle Viamonte, mientras la justicia comenzó el peritaje de los libros contables para constatar el destino final de los millones retenidos.
