El Gobierno nacional avanzó esta semana con el proceso para desprenderse de las acciones que el Estado mantiene en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país. La decisión quedó formalizada a través de la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa habilita un Concurso Público Nacional e Internacional para la venta de la participación estatal, con fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 23 de marzo, mediante la plataforma digital Contrat.Ar. Finalizada esa etapa, se evaluarán las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema ya utilizado en otras licitaciones recientes del Ejecutivo.
La operación se enmarca en la estrategia del gobierno de Javier Milei orientada a reducir la participación del Estado en actividades económicas consideradas estratégicas, entre ellas el sector energético. En este caso, no se trata de una concesión, sino de la venta de acciones, dado que Transener es una empresa privada controlada mayoritariamente por Pampa Energía.
Actualmente, el 51% de las acciones Clase A pertenece a Citelec, sociedad integrada en partes iguales por Pampa Energía y Energía Argentina (Enarsa), mientras que el 49% restante corresponde a capital flotante distribuido entre inversores privados, ANSES y participaciones minoritarias. En conjunto, el Estado nacional posee cerca del 46% del capital accionario.
Según estimaciones de mercado, la capitalización bursátil de Transener ronda los US$ 1.300 millones, por lo que el valor potencial de la participación estatal superaría los US$ 300 millones. No obstante, el precio base para la licitación se ubicaría en torno a los US$ 205 millones, tras un proceso de valuación previo y la renuncia de Pampa Energía a ejercer derechos de preferencia.
En términos operativos, la compañía registró en los primeros nueve meses de 2025 un EBITDA de $219.587 millones y una ganancia neta de $127.357 millones. Tras la Revisión Quinquenal Tarifaria, Transener normalizó su marco regulatorio y mantiene un esquema de actualización de ingresos vigente hasta 2030, junto con índices de fallas en niveles históricamente bajos.
