El Gobierno nacional avanza en la redacción de un decreto que reformará el funcionamiento de Dirección Nacional de Migraciones, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de endurecer los controles fronterizos y ampliar las competencias de la entidad. La norma, según indicaron fuentes oficiales, se publicaría en el corto plazo.
La iniciativa se enmarca en una política migratoria más restrictiva y se sumará a las modificaciones ya introducidas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado en mayo de este año. Ese DNU reformuló el régimen migratorio con el foco puesto en un mayor control sobre quienes ingresan al país, el acceso al sistema de asistencia social y la promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.
Desde el Ejecutivo explicaron que el nuevo decreto busca completar y reglamentar aspectos que quedaron pendientes. “La idea es fortalecer el rol de Migraciones y la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. Se apunta a una doctrina de seguridad más dura”, señalaron fuentes oficiales vinculadas al proceso de elaboración de la norma.
En términos concretos, la reforma otorgaría mayores facultades a Migraciones para implementar controles más estrictos sobre las personas que ingresan al país, en especial aquellas provenientes de naciones consideradas de “baja vigilancia”. Entre las medidas en evaluación se encuentra un análisis más exhaustivo de los antecedentes de los visitantes y la posibilidad de exigir visa a ciudadanos de nuevos países.
Actualmente, la Argentina ya requiere visa para el ingreso de ciudadanos de varias naciones de Asia y África, entre ellas China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto y Haití, entre otras. El listado podría ampliarse si prospera la nueva reglamentación que impulsa el Ejecutivo.
Hasta ahora, Migraciones funcionaba principalmente como una Dirección Nacional encargada de gestionar ciudadanías, residencias y el ingreso de visitantes. Sin embargo, con los cambios introducidos en mayo, el organismo comenzó a asumir un rol más activo en el control migratorio. El DNU 366/2025 incorporó, entre otras disposiciones, la deportación de extranjeros condenados por delitos cometidos en el país y el pago de los servicios de salud y educación por parte de quienes no tengan residencia regular.
Además, la normativa estableció que las personas con situación migratoria irregular solo podrán acceder de manera gratuita al sistema de salud en casos de emergencia, marcando un quiebre con el esquema vigente hasta ese momento. En la misma línea, un decreto posterior determinó que la ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes acrediten una residencia continua de dos años en el país, sin salidas del territorio nacional.
En su momento, el vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue explícito al explicar el cambio de criterio: “Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”.
