La abogada argentina Agostina Páez fue formalmente imputada por el delito de insulto racial en Río de Janeiro tras un altercado registrado en un bar de Ipanema contra un empleado local.
La justicia brasileña, bajo una política de tolerancia cero ante actos de discriminación, dictó medidas cautelares que incluyen la retención de su pasaporte y el uso de una tobillera electrónica. El proceso judicial continúa bajo la supervisión del Ministerio Público mientras la defensa de la santiagueña intenta demostrar que existió una provocación previa.
Este viernes 23 de enero de 2026, la Policía Civil de Río de Janeiro confirmó la imputación formal de la abogada santiagueña Agostina Páez, de 29 años, por el delito de «insulto racial».
Los hechos, que concluyeron su etapa de investigación por parte de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, ocurrieron el pasado miércoles 14 de enero en un bar de Ipanema. Las autoridades brasileñas fueron tajantes al comunicar que el crimen no quedó impune y recalcaron que en la ciudad el racismo no es una broma.
Actualmente, Páez permanece en territorio brasileño sin una fecha prevista para su retorno a la Argentina debido a la aplicación de medidas cautelares sin plazo determinado. La letrada circula con una tobillera electrónica y su documentación de viaje ha sido secuestrada por las autoridades.
En paralelo, el Ministerio Público investigará a una amiga de la imputada por presunto falso testimonio, sospechando que sus declaraciones iniciales tuvieron como único fin encubrir el accionar de Páez.
Por su parte, la defensa técnica liderada por el abogado Sebastián Robles sostiene que nuevos materiales audiovisuales sugieren una conducta bilateral. Según la versión de Páez, el empleado del bar y sus acompañantes le habrían faltado el respeto previamente con gestos obscenos.
Robles explicó que, si bien esto no anula el hecho, cambia el encuadre procesal al demostrar una provocación previa. No obstante, para la legislación de Brasil, el ataque verbal cargado de racismo constituye un delito grave que mantiene a la argentina bajo estricto control judicial.
