El organismo de control detectó “graves irregularidades” y pidió al Ministerio de Justicia auditar los balances, la creación de la Universidad de la AFA y los contratos con empresarios claves. La medida surge tras la negativa de la entidad a entregar información.
La Inspección General de Justicia (IGJ) avanzó sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores para investigar las cuentas de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida, impulsada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, responde a la detección de “graves irregularidades” y a la negativa de la AFA a entregar información contable y financiera clave.
La veeduría, que no implica una intervención plena, se centrará en tres ejes sensibles. Los inspectores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar de manera integral el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y revisar las relaciones comerciales y financieras con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos, entre ellas TourProdEnter LLC y los empresarios Javier Faroni y Ariel Vallejo.
Desde la IGJ aclararon que la fiscalización busca acceder a documentación que fue negada por la AFA. El objetivo es “obtener, recabar y compulsar” los papeles para verificar si existen “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos”. Sin embargo, Vítolo buscó bajarle el tono a la medida y aseguró que “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”.
Para el inspector general, la veeduría forma parte del ejercicio regular de las funciones de fiscalización. “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación”, detalló Vítolo, y agregó que la única finalidad es contar con información completa para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales.
Este pedido se produce después de un reciente conflicto jurisdiccional. La IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, una maniobra que hubiera trasladado el control a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. El organismo de Vítolo consideró que la sede declarada era falsa. “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenció la IGJ en su resolución.
Uno de los puntos más delicados de la investigación será el análisis de los contratos de comercialización de derechos, una de las principales fuentes de ingresos de la AFA. Los veedores deberán reconstruir el flujo financiero de los acuerdos con TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas para determinar los montos percibidos, las rendiciones de cuentas y las remesas internacionales. El foco está puesto en la trazabilidad de los fondos y en la regularidad jurídica de las decisiones.
La decisión final ahora está en manos del Ministerio de Justicia. Si aprueba la solicitud, comenzará una etapa de inspección que podría extenderse durante meses. La AFA, por su parte, deberá definir si colabora con el proceso o si judicializa la medida por considerarla un exceso en las facultades del organismo de control.
