En los últimos días volvió a instalarse un debate que, lejos de ser técnico, define el rumbo del mercado inmobiliario en Argentina: ¿menos regulación implica mayor eficiencia o simplemente más informalidad?
Por Cardozo Miguel Ángel – Inmobiliaria Guacurarí
Plantear la eliminación de controles, matrículas o estructuras profesionales bajo la promesa de “liberar el mercado” puede sonar atractivo en lo discursivo. Pero en la práctica, cuando se trata de operaciones de alto valor económico y legal —como lo son las inmobiliarias—, la ausencia de reglas claras no genera competencia: genera incertidumbre.
El mercado inmobiliario no es la venta de un producto cualquiera. Aquí se ponen en juego ahorros de toda una vida, inversiones familiares y seguridad jurídica. En ese contexto, pensar que cualquiera puede intermediar sin formación, sin control y sin responsabilidad profesional es, cuanto menos, un retroceso.
Un corredor inmobiliario no se improvisa. Es un profesional que estudia durante años —en muchos casos, tres años de formación específica— y que luego debe actualizarse de manera constante frente a cambios legales, fiscales y contractuales. Reducir esa formación a un simple trámite o eliminar su valor no solo desjerarquiza la actividad: expone directamente a la sociedad.
Ahora bien, también es cierto que el sistema necesita mejoras. Y es ahí donde el debate debería enfocarse con mayor honestidad. Uno de los principales problemas que enfrenta hoy el sector no es la regulación en sí, sino la elevada carga de costos: impuestos, cargas de rentas y estructuras fiscales que terminan impactando tanto en propietarios como en inquilinos y operadores. Atacar la regulación sin revisar estos factores es apuntar al lugar equivocado.
El mundo avanzó, y los mercados más sólidos no eliminaron controles: los perfeccionaron. Modelos como el de Miami o distintos estados de Brasil muestran que la clave está en combinar apertura con exigencia: capacitación obligatoria, licencias, supervisión y transparencia digital.
Es decir, más competencia, pero también más profesionalización.
Eliminar la regulación en el sector inmobiliario, mientras se mantienen estructuras en otras profesiones como arquitectura, medicina o derecho, no solo resulta incoherente: es un mensaje peligroso. Si el criterio es desregular, debería aplicarse de forma general. Pero si entendemos que hay actividades que requieren responsabilidad profesional, entonces el camino no es eliminar controles, sino mejorarlos.
Además, hay un punto que no puede ignorarse: el avance de grandes estructuras comerciales y plataformas digitales que buscan concentrar el mercado. Modelos como RE/MAX, Properati y otras plataformas globales operan con una lógica de escala que muchas veces desdibuja la responsabilidad profesional individual. Sin reglas claras, el riesgo es que el mercado termine en manos de pocos actores con gran capacidad de captación, pero con menor control efectivo sobre la calidad del servicio.
Ahí es donde aparece un peligro real: la negligencia. Cuando se prioriza volumen por sobre profesionalismo, las operaciones pierden profundidad, se debilita el asesoramiento y aumentan los conflictos. No es un escenario hipotético; es algo que ya se observa en distintos mercados cuando la regulación queda atrás del negocio.
La verdadera salida no está en eliminar, sino en construir. Sentar en una mesa a todos los sectores —Estado, profesionales, desarrolladores y nuevas plataformas— para rediseñar un sistema más ágil, más transparente y más eficiente.
Porque el futuro del mercado inmobiliario no se define con decisiones unilaterales ni con slogans de moda. Se construye con diálogo, con responsabilidad y con visión a largo plazo.
Desregular sin un plan no es avanzar. Es retroceder.
Y en un sector donde lo que está en juego es el patrimonio de las personas, eso no es una solución. Es un riesgo.
