La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en vigencia un nuevo manual que unifica los requisitos para habilitar radares fijos y móviles en rutas nacionales. A partir de ahora, los municipios deberán justificar con datos y estadísticas que la instalación responde a un problema real de seguridad vial.
La normativa establece que las jurisdicciones tendrán que presentar informes técnicos sobre la siniestralidad del tramo, antecedentes de accidentes y características de la infraestructura. El objetivo es garantizar que los controles de velocidad sean una herramienta de prevención y no un mecanismo de recaudación.
Además, el trámite exigirá una planimetría detallada de la zona, señalización adecuada y la intervención de distintos organismos nacionales que evaluarán la viabilidad técnica antes de autorizar cada cinemómetro.
El nuevo reglamento también prohíbe que empresas privadas administren el control o el juzgamiento de las infracciones. Esas funciones deberán quedar exclusivamente en manos de funcionarios públicos, mientras que los equipos solo podrán ser operados por personal matriculado ante la ANSV.
Con esta medida, el Gobierno busca transparentar el uso de radares en todo el país y asegurar que su instalación esté respaldada por evidencia objetiva, priorizando la seguridad vial por sobre cualquier fin recaudatorio.
