Los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 2 resolvieron extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien continuará con el cumplimiento de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad en el departamento de la calle San José 1111 del barrio de Constitución, Ciudad de Buenos. La resolución judicial se conoció luego de evaluar los informes trimestrales de los organismos de control, los cuales ratificaron el comportamiento ordenado de la exmandataria en su año de detención domiciliaria.
El monitoreo de la tobillera electrónica no registró anomalías, los informes judiciales confirmaron un comportamiento adecuado y el ingreso de visitas se ajustó a las pautas impuestas por el TOF 2. La medida coincidió con la ratificación de los embargos preventivos en la causa.
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu fundamentó la decisión en base al desempeño de la imputada frente a las reglas impuestas: “Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”. Según el magistrado, la líder peronista “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia en el inmueble porteño.
El seguimiento del tribunal se respaldó en los informes técnicos de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). En sus visitas sorpresivas, los asistentes sociales destacaron la relación con la expresidenta. El documento oficial detalló que la exmandataria “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes” durante los controles aleatorios en el edificio de Constitución.
Controles electrónicos, visitas y el frente patrimonial
Durante el último trimestre, la exvicepresidenta realizó una sola salida de su domicilio con fines sanitarios. Los inspectores judiciales confirmaron que la consulta médica se desarrolló “sin inconvenientes” y que el monitoreo de la tobillera electrónica no registró ningún tipo de anomalías. En cuanto al ingreso de personas al departamento, la Justicia precisó que las visitas “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con la salvedad de una demora menor con una visitante que fue aclarada de forma inmediata.
La prórroga de la detención domiciliaria se dio en paralelo a las novedades en el plano económico de la causa, donde el TOF N° 2 ratificó los embargos preventivos sobre los bienes de los condenados, incluido el departamento de San José 1111, con el fin de cubrir el decomiso de unos $685.000 millones por el perjuicio patrimonial al Estado. A su vez, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó los recursos de la exmandataria y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para frenar medidas similares sobre las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
El edificio de San José 1111 sumó otras derivaciones en los tribunales a raíz de la adquisición de la unidad ubicada inmediatamente abajo del departamento de la expresidenta. La compradora fue María Soledad Calle, una dirigente de La Cámpora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien declaró ante las autoridades que adquirió el inmueble para que allí funcione una fundación, un argumento que los investigadores todavía mantienen bajo análisis.
