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En una doble y simultánea jugada, la Casa Rosada envió el viernes por la noche a Diputados y al Senado cuatro proyectos -dos a cada cámara- para continuar con el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El camino de las cuatro iniciativas es una completa incógnita, aún para el propio oficialismo, debido a la resistencia que la transferencia genera entre legisladores del interior y también entre los propios jueces.
“La mayoría de los jueces porteños no acepta el traspaso, creen que significaría reducir su estatus al de simples magistrados municipales”, dijo anoche a Clarín una de las principales espadas legislativas del macrismo. Tampoco el sindicato de los empleados judiciales está a favor de su transferencia a la órbita porteña.
Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras aún no empezaron, según dijeron las fuentes consultadas. En el Senado hay pendiente una conversación entre los líderes de Cambiemos, el radical Ángel Rozas y el macrista Federico Pinedo, con el jefe del FpV, Miguel Ángel Pichetto.
En el Senado los proyectos aún no fueron girados a las comisiones que intervendrán en su tratamiento. En el macrismo en Diputados fueron sinceros: “Es una discusión que está re verde”.
Pero en la bancada del FpV en Diputados descreían anoche de que la Casa Rosada tenga real intención de lograr una rápida aprobación de los cuatro proyectos.
“No tienen ningún interés en las leyes. Solo buscan instalar debates en el Congreso que alejen las críticas a su propia gestión”, dijo la diputada kirchnerista Diana Conti.
Los dos proyectos enviados al Senado son el de “Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el de “Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los que entraron a Diputados son la transferencia a la Ciudad de la Justicia de Consumo y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ni siquiera el de la IGJ tendría un tratamiento sencillo. “Ojo con esto. Las principales empresas tienen domicilio en la Ciudad aunque operen en cualquier lugar del país. Se le estaría dando mucha competencia a la Ciudad”, dijeron en la oposición legislativa.
Los cuatro proyectos llevan las firmas de Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El 19 de enero pasado, el Presidente firmó con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, convenios de traspaso sobre estas cuatro áreas. Esos convenios ahora necesitan ser refrendados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña.
En la Legislatura las conversaciones sí están muy avanzadas. Es más: la idea es darle aval a los cuatro convenios en una sesión prevista para el 30 de marzo, según dijo anoche a Clarín Francisco Quintana, jefe del bloque del PRO.
Con el traspaso, en materia penal la Ciudad pasará a tener potestad en delitos como abuso de armas, amenazas, robo, hurto, extorsión, estafa y fraude, entre otros.
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