La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una fuerte controversia tras revelarse una compleja operatoria financiera internacional que involucró transferencias millonarias hacia sociedades radicadas en los Estados Unidos sin actividad económica real.
De acuerdo con una investigación periodística, al menos USD 42 millones provenientes de cuentas vinculadas a la AFA terminaron en cuatro LLC registradas en Florida, caracterizadas por no tener empleados, no declarar actividad comercial y operar desde direcciones virtuales en Miami.
El circuito de dinero forma parte de una estructura más amplia: en apenas cuatro años, se habrían canalizado más de USD 260 millones a través de cuentas bancarias en el exterior, sin que exista una trazabilidad clara ni una identificación precisa de los beneficiarios finales. Esta falta de transparencia genera serios interrogantes sobre el destino real de los fondos y el control institucional sobre los recursos del fútbol argentino.
El eje de esta operatoria es TourProdEnter LLC, una firma creada en agosto de 2021 en Florida que, pocos meses después de su fundación, fue designada agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. El contrato, aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, le otorgó a esta empresa la potestad de recaudar ingresos por sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y luego transferir a la AFA los montos resultantes tras deducir comisiones.
Desde entonces, TourProdEnter manejó cifras extraordinarias a través de cuentas abiertas en bancos internacionales como Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, acumulando movimientos superiores a los USD 260 millones. Entre los principales aportantes figuran empresas vinculadas a la Selección Argentina y a la explotación comercial de sus derechos, como Adidas, que habría transferido más de USD 78 millones, además de compañías relacionadas con el streaming oficial AFA Play y señales de broadcasting.
Sin embargo, no todo ese flujo se dirigió directamente a cuentas institucionales. Una parte sustancial fue derivada a Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió alrededor de USD 110 millones y actuó como intermediario financiero mediante operaciones con bonos, involucrando jurisdicciones como Uruguay, Argentina y las Islas Vírgenes Británicas. Desde Adcap reconocieron su rol y sostuvieron que las transacciones se realizaron dentro del marco legal, con respaldo documental, y que los fondos regresaban a la AFA una vez completadas las operatorias financieras.
Pese a esas explicaciones, los balances oficiales de la AFA presentados ante la IGJ muestran una información incompleta. Allí, TourProdEnter LLC aparece mencionada de manera tardía y solo como deudora, sin que se detalle su papel central en la estructura internacional de cobros y pagos, ni el volumen real de dinero administrado fuera del país.
El punto más delicado del informe surge al analizar el destino de USD 42 millones que fueron transferidos a Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Estas sociedades, registradas en Florida, no cuentan con empleados ni actividad declarada y presentan características típicas de sociedades fantasma. Sus titulares son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles socioeconómicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados de pequeños comercios, beneficiarios de planes de vivienda social y personas con deudas importantes o antecedentes de insolvencia.
Las direcciones utilizadas por estas firmas corresponden a servicios de oficina virtual, sin presencia física real, y algunas emplearon agentes registradores señalados en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas. Incluso se detectó que una de las LLC recibió transferencias luego de haber sido oficialmente disuelta, lo que incrementa las sospechas sobre la operatoria.
En paralelo, la Justicia argentina avanza en una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a una lujosa mansión en Pilar y a decenas de vehículos de alta gama. En ese expediente, se investiga a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, quienes no tendrían capacidad económica para justificar los bienes a su nombre. Las declaraciones previstas ante el juez Marcelo Aguinsky podrían marcar un punto de inflexión en la investigación.
Desde la conducción de la AFA, Tapia y su entorno defienden la gestión financiera, destacan el superávit posterior al Mundial de Qatar y justifican la operatoria internacional como una consecuencia del cepo cambiario. No obstante, la falta de transparencia, la ausencia de desagregación contable y el uso de estructuras opacas mantienen abiertas las dudas sobre la integridad del sistema y el verdadero destino de millones de dólares generados por el fútbol argentino.
Infobae
