Juicio por la expropiación de YPF: un fallo ordena que la Argentina pague US$16.000 millones

Tras ocho años de litigio y luego de que en julio se llevara a cabo el juicio durante 3 días, se conoció el nuevo fallo adverso. La Argentina apelará en octubre a través de la Procuración del Tesoro, adelantó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, sostuvo la funcionaria apenas conocida la decisión.

La apelación puede llegar en octubre será el próximo gobierno el que deba definir si negocia con el fondo demandante o lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

Si bien en 2014 el país le pagó a la empresa española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones, un grupo minoritario de accionistas inició acciones legales contra el país porque se vio perjudicado tras la maniobra oficial. Lo que estaba en discusión en este litigio es la fecha en la que la Argentina tomó efectivo control de las acciones de la petrolera. Según el fondo demandante, Burford, fue el 16 de abril de 2012, cuando ingresó al Congreso el proyecto de expropiación de YPF. Para la Argentina, esa fecha fue el 7 de mayo del mismo año.

Preska excluyó explícitamente a la empresa de la demanda. Consideró que el Estado argentino tomó de “manera indirecta” el control de la petrolera el 16 de abril, con lo que los daños económicos deben calcularse “utilizando la relación precio/ingresos más alta durante el período pertinente”.

Así, sin mencionar el monto del resarcimiento, pero sí inclinó por una penalidad de 8% en los intereses, que acerca la suma a lo que reclamaban los demandantes, US$16.100 millones. Hasta ahora, la Argentina reconoció daños por US$4920 millones.

Si bien se esperaba la sentencia entre fines de agosto y comienzos de septiembre, la definición se dilató, aunque llega en plena campaña electoral. No sucedió como en 2015, recordó Maril, cuando la misma jueza Preska decidió suspender todo litigio porque la Argentina estaba a punto de celebrar elecciones presidenciales.

Ante la apelación, seguramente Burford irá por el embargo de bienes argentinos en el exterior porque tiene el derecho de hacerlo. Así como sucedió en 2012, cuando se retuvo a la Fragata Libertad en Ghana por las deudas impagas del país, explicó Maril.

En caso de que la Argentina desista de apelar y decida pagar -aunque todavía le quedan numerosas vías legales para explorar- el especialista sostuvo podría cancelar la obligación mediante una colocación directa de bonos, como los que le dio a Repsol en 2014.

Cómo nació el juicio por la expropiación de YPF

Al momento de la estatización de YPF, la familia Eskenazi tenía participación minoritaria en la petrolera estatal a través de dos empresas. Según el estatuto de la compañía, si la Argentina (o cualquier accionista) intentaba tomar el parte del control de la empresa, debía hacer el mismo ofrecimiento a todos los demás accionistas, mediante una oferta pública de adquisición.

El país no siguió ese protocolo. Por el contrario, tomó el control de las acciones de Repsol y se quedó con la participación mayoritaria de la empresa. Ese fue el motivo que inició el juicio que todavía sigue en curso y por el que YPF, como compañía, fue exonerada. Con el tiempo, la familia Eskenazi le vendió el juicio a fondo Burford, que ahora litiga contra el país.