Hoy, a las 16:00, se retoman las negociaciones para intentar conseguir un acuerdo y frenar la medida de fuerza con la que amenazó la UTA hace unos días.
Con la amenaza latente de un nuevo paro por 48 horas en el cierre de la semana, se retoman este miércoles las negociaciones con la Unión Tranviarios Automotor para tratar de llegar a un punto de acuerdo en el marco del reclamo salarial.
La audiencia de cuarto intermedio en el Ministerio de Trabajo que tendrá como protagonistas a los dirigentes gremiales y los empresarios del sector se desarrollará a partir de las 16. Si las partes no logran acercar posturas, desde las 0 horas del jueves comenzaría a regir el parate que afectaría al interior del país.
“No vamos a observar paralizados la menor realización de servicios y la precarización de las condiciones laborales que pretenden imponernos, ni la reducción de las fuentes de trabajo, ni perder en condiciones de trabajo y mucho menos permitir que se nos imponga la reducción de sueldos por la demora en acordar en una economía altamente inflacionaria como la que atravesamos”, expresó la UTA en un comunicado.
El sindicato de choferes de colectivos que a nivel nacional conduce Roberto Fernández busca una pronta recomposición en los haberes. Puntualmente, exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los colectiveros.
“Las autoridades hacen caso omiso a sus obligaciones en materia de transporte sin tener presente el perjuicio que causan a los nueve millones de pasajeros que trasladamos diariamente por la falta de servicios, ignorando el riesgo que generan para las treinta y cinco mil fuentes de trabajo y los salarios que son el sostén de nuestras familias”, acusó la entidad dirigida por Fernández, en el mismo escrito.
La semana pasada, la UTA había proclamado paro de colectivos para el martes, pero la medida se levantó cuando el Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución de última hora para reconocer el reclamo salarial e instar a las empresas a pagarlo con fondos aportados por el Estado.
