El salario mínimo tendrá tres nuevos incrementos que totalizarán para este año 75,4% hasta noviembre, cuando habrá una nueva instancia de revisión.
El piso, que arrancó 2022 en 33 mil pesos y que había subido hasta $ 47.850 este mes, sufrirá ajustes en septiembre, octubre y noviembre, para trepar a $ 51.200, $ 54.550 y $ 57.900, respectivamente.
El esquema, basado en un acuerdo entre el Gobierno y la CGT, apunta a disipar de momento la nominalidad en la economía que hubiese implicado una trepada del sueldo mínimo durante el año en los valores que pronostican las consultoras relevadas por el Banco Central para la inflación, por arriba de 90 por ciento.
Así lo resolvió hoy el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en su segunda deliberación del año, con acuerdo general de sus integrantes y las solas excepciones de la CTA de los Trabajadores, que se abstuvo, y la CTA Autónoma, que votó en contra. La validación corrió por cuenta de la CGT y todas las cámaras empresarias que participan del cónclave, incluso la Unión Industrial Argentina (UIA) que se opuso hasta último momento a la revisión de noviembre. El principal impulsor del mecanismo fue sin embargo el Gobierno, responsable del mayor costo mediante el pago de los planes sociales que están atados al sueldo mínimo.PUBLICIDAD
El resultado de ayer obligará la realización, por primera vez desde la reanudación de las discusiones tripartitas por el piso salarial, de una negociación fraccionada en al menos tres etapas. Lo más habitual desde 2004 fue un único acuerdo por año. De hecho ese era el propósito en abril pasado cuando el Consejo pautó para este año una suba de 45% en varios tramos pero la dinámica inflacionaria obligó a acortar esas cuotas y a fijar la revisión de hoy y la que se llevará a cabo en noviembre.
Las deliberaciones se llevaron adelante una vez más a través de la aplicación Zoom, a pesar de que la ausencia en el país del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había sido la excusa puesta por el Gobierno días atrás cuando suspendió el inicio del debate pautado para el 18 de agosto. El abogado especializado en derecho del trabajo fue el mayor principal objetor patronal del acuerdo y hasta último momento intentó evitar que en noviembre se hiciese una revisión obligatoria de las pautas resueltas ayer.
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