La Municipalidad de Posadas permite, mediante la vigencia hasta el mes de octubre de la Ordenanza N° 304, regularizar edificaciones y asegurar la obtención del “Certificado de Final de Obra”, resolviendo problemas históricos que dificultan la titularización de los PH. Un cuerpo de inspectores recorrerá las unidades detectadas con irregularidades.
La capital de la tierra colorada no para de crecer y la apuesta de la actual gestión es encarar un proceso de ordenamiento de edificios que se encuentran en situaciones irregulares. Es que muchos desarrolladores inmobiliarios llevaron a cabo proyectos que fueron comercializados sin cumplir con todos los requisitos exigidos por la reglamentación municipal vigente, sin, por ello, poder obtener el “certificado de final de obra”. Esta omisión genera problemas significativos para los propietarios, quienes en algunos casos llevan años sin poder tramitar y tener sus títulos de propiedad.
En respuesta a esta problemática, el Municipio decidió implementar una ordenanza que aborde, en principio hasta el mes de octubre de 2024, la situación de manera integral. Establece claramente los requisitos y obligaciones, proporcionando una vía única para regularizar situaciones anómalas y garantizar que todos cumplan con las normativas vigentes.
La ORDENANZA XVIII-N° 304 brinda la posibilidad de regularizar edificios que se encuentren en situaciones antirreglamentarias, permitiendo así culminar el proceso de tramitación y obtener el certificado final. Esta medida contempla casos como edificios que se construyeron de forma irregular, cuando edificaron a mayor altura sin autorización o cuando presentaron planos para determinada cantidad de departamentos por piso, pero se construyeron más, disminuyendo la superficie de cada unidad. Estas situaciones necesitan regularizarse para que los inversores que adquirieron unidades puedan obtener el título de propiedad que les permitirá realizar transferencias, sucesiones, donaciones, etc.
Anteriormente, mediante el Concejo Deliberante de Posadas, se tramitaban la aprobación de estas irregularidades vía excepción, beneficiando a algunos y dejando a otros sin solución. Esta nueva medida no solo busca poner fin a los incumplimientos, sino también fomentar un desarrollo urbano ordenado y justo, donde todos los actores del mercado inmobiliario tengan las mismas oportunidades y obligaciones.
Marcelo Mazur, secretario de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas, explicó la situación actual y aclaró que “el objetivo de esta ordenanza es poder regularizar las obras, ya que actualmente tenemos más de 500 edificios con este inconveniente. Los inversores y propietarios de unidades funcionales realizaron sus inversiones y compraron sus departamentos, muchas veces en etapas iniciales de construcción, pero estos no tienen todos los trámites regularizados ante la Municipalidad. Significa que no tienen aprobados los planos y, por lo tanto, no pueden obtener el final de obra”.
Mazur agregó que además hay una cuestión de seguridad involucrada, ya que el Código de Edificación y las ordenanzas buscan garantizar que los edificios sean habitables y seguros.
En respuesta a esta situación, el funcionario detalló las medidas que se están tomando desde el Municipio: “Estamos con una campaña de difusión y hemos reforzado el cuerpo de inspectores, capacitándolos para visitar todos los edificios con documentación irregular ya detectada. Los agentes notificarán a los consorcios mediante una boleta de inspección con un plazo determinado para que presenten la documentación necesaria”.
Respecto al proceso y los plazos, Mazur subrayó que “la ordenanza establece un régimen especial temporal, en principio hasta el mes de octubre. Durante este plazo, todos los edificios con esta situación tienen la oportunidad de ponerse al corriente. Esto aplica tanto a edificios en altura como a construcciones de planta baja que necesitan obtener el PH para la titularización y subdivisión”.
Con esta medida, Posadas da un paso significativo hacia la regularización y ordenamiento de su crecimiento urbano. La ordenanza busca solucionar las inconsistencias existentes, y sentar bases para un futuro más transparente y equitativo en el sector inmobiliario. La implementación de esta normativa promete traer beneficios tanto a los propietarios como al desarrollo sostenible de la ciudad.
Cabe aclarar que una vez vencido el plazo que fija la ordenanza para la regularización de las situaciones pendientes de aprobación, el tratamiento de los infractores será el mismo, pero los montos de los punitorios variarán significativamente.
Por más información, los interesados pueden contactar a la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial al teléfono 3764-449087 / 9137, o a la Dirección de Obras Privadas al 3764-449042.
