Los gremios docentes de todo el país activaron un plan de lucha que pone en jaque el inicio del ciclo lectivo 2026. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) resolvió una huelga de 24 horas para el próximo 2 de marzo y reclamó al Gobierno la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional para discutir salarios y la restitución de fondos.
La decisión se tomó en un congreso extraordinario donde los dirigentes sindicales exigieron, además del llamado a paritarias, un aumento salarial que supere la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el debate de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La medida de fuerza ya cuenta con el respaldo de gremios de peso en las provincias, como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que se plegarán al paro.
El plan de acción no se limita a la huelga, ya que los sindicatos anticiparon que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en distintas regiones del país para visibilizar sus reclamos. En el mismo congreso, los representantes docentes rechazaron de plano el proyecto de Ley de Libertad Educativa y anunciaron que impulsarán acciones durante marzo para informar a la comunidad sobre los efectos negativos que, según su visión, tendría en la educación pública.
Por su parte, los sindicatos educativos nucleados en la CGT, como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que el comienzo de las clases corre serio riesgo si el Gobierno no abre una instancia de diálogo. Los referentes de estas organizaciones denunciaron “recortes presupuestarios históricos” en el área y la derogación de normativas que garantizaban la inversión en el sistema.
Desde el ala cegetista sostuvieron que el salario mínimo docente se encuentra en “niveles de indigencia” y adelantaron su rechazo al proyecto de Libertad Educativa por el impacto negativo que tendría en la calidad de la enseñanza. Insistieron en que la paritaria nacional es una herramienta fundamental para resolver los conflictos laborales y salariales del sector.
Finalmente, los gremios recordaron que la convocatoria a la discusión salarial a nivel nacional no es una opción, sino una obligación del Gobierno establecida en el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
