Una resolución judicial dispuso frenar los cortes del servicio de agua potable en el barrio Itaembé Guazú y estableció medidas provisorias en medio del conflicto entre usuarios y la empresa prestataria Samsa por la facturación del servicio.
La decisión fue adoptada por la jueza Civil y Comercial Nº 2, Silvina Inés Bacigalupi, tras una presentación realizada por un grupo de vecinos que cuestionaron incrementos en las boletas. En ese marco, se ordenó suspender ejecuciones por deudas vinculadas a facturas y acuerdos correspondientes a 2025 y 2026.
Además, la magistrada dispuso que no se podrán interrumpir los suministros y que, en los casos donde ya se haya concretado el corte, el servicio deberá ser restituido sin costo mientras se mantenga vigente la medida cautelar.
Uno de los puntos centrales del fallo es la posibilidad de que los usuarios abonen únicamente el consumo mínimo mensual -fijado en 15 metros cúbicos- como alternativa al pago total facturado. La empresa deberá reflejar ambas opciones de manera clara en las próximas boletas.
El reclamo fue impulsado por unos 15 vecinos, con patrocinio legal y acompañamiento de representantes locales, en el marco de reiteradas quejas por montos considerados excesivos en comparación con consumos anteriores.
En su análisis, la jueza entendió que existen elementos suficientes para avanzar con la medida provisoria, al advertir indicios de desproporción en la facturación y posibles fallas en el sistema de medición. Entre los aspectos señalados, se menciona la eventual presencia de aire en la red, lo que podría alterar los registros de consumo.
Asimismo, el fallo pone el foco en el rol del ente regulador, al que se le requirió información sobre controles realizados en la zona, particularmente mediciones de presión en la red de distribución.
La medida se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, mientras los vecinos esperan una definición que aclare la situación y determine eventuales responsabilidades.
RC
