El presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente tras haber anunciado que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las presentaciones fue realizada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, y la otra por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos.
Las denuncias alcanzan a los ministros del Gobierno nacional y también al gobernador Jorge Capitanich, argumentando que los funcionarios están incurriendo en los delitos de “alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”.
“El comunicado del Poder Ejecutivo significa simple y claramente una desobediencia judicial a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Implica desobediencia de los deberes de funcionario público. Instruí al partido para que hagan la denuncia correspondiente. La verdad es que era previsible. Si el gobierno ahora choca, va a perder”, dijo Carrió.
“Fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”
En el comunicado en donde el Presidente anunció la decisión que no acatará el fallo, también anticipó que recusará a los jueces y pedirá la revocatoria de la decisión. Además, calificó a la resolución judicial de tener carácter “político en contra de las provincias argentinas” y ser “de imposible cumplimiento”.
“La Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016. En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95″, dice el texto.
Según los cálculos oficiales, se trata de más de $180.000 millones adicionales a los que ya percibe la CABA. Por eso, informó que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”.
